Durante la presentación del Plan, Menéndez ha explicado que una de las prioridades será el control de las grandes fortunas mediante el desarrollo de nuevas herramientas informáticas creadas expresamente para mejorar el conocimiento de los riesgos.
Así, se realizarán estudios sobre alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas realizadas para pagar menos impuestos, inconsistencias entre la capacidad económica y la tributación o la disponibilidad de activos en el exterior.
Se comprobará la situación de personas que vivan en España, pero tengan su residencia fiscal en territorio de baja tributación y la posible relación con sociedades controladas directa o indirectamente.
También se consolidará el intercambio automático de información con Estados Unidos (el denominado Fatca) y se utilizará la información obtenida por la amnistía fiscal (modelo 750) y de regularización de bienes en el exterior (720).
En resumen, se trata de "combinar toda la información que podemos tener de los contribuyentes", según Menéndez, desde el patrimonio en el exterior al impuesto de sucesiones y donaciones, pasando por activos controlados a través de sociedades o las cuentas bancarias.
Con respecto a la lucha contra el fraude en el IVA, Menéndez ha explicado que el objetivo es "llegar más y mejor" a los lugares, especialmente en los de venta directa al público, "donde el con IVA o sin IVA sigue siendo una situación extendida".
Para ello, la Agencia combinará visitas presenciales a los establecimientos con inspecciones y otros mecanismos "para atajar el fraude en el IVA", que se completarán con al análisis de los cambios de comportamiento tributario tras realizar comprobaciones.
La Agencia reconoce que esta labor, que afectará tanto a bienes como a servicios, es complicada porque abarca muchas operaciones muy pequeñas y avanza que se centrará en los sectores de mayor riesgo, que no ha querido desvelar.
Otro de los puntos fuertes del plan de este año es el refuerzo de la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales, para lo que optimizará la información disponible y controlará las empresas que operan en la economía digital.
En ese sentido, en el ámbito de la economía digital, se intensificará el análisis de los nuevos medios de pago y se colaborará con las administraciones tributarias de otros países para comprobar los beneficios obtenidos por quienes utilizan internet para publicitar sus productos.