Según el borrador, los usuarios podrán probar sus velocidades de Internet y, si hay una desviación demasiado grande entre sus resultados reales y lo que prometieron sus ISP, tendrán derecho a que les hagan un descuento en la factura.
El monto del descuento será comparable a la desviación entre las velocidades de Internet acordadas contractualmente y las reales.
Para determinar las velocidades de conexión, los clientes tendrán que utilizar la aplicación oficial de medición de la velocidad de Internet proporcionada por la Agencia Federal de Redes de Alemania.
El proceso de medición incluye 20 pruebas en dos días consecutivos, repartidas en diez pruebas cada día.
Este método asegura que cualquier desviación de velocidad sea recurrente y / o continua y no sea el resultado de un contratiempo momentáneo en la red.
Si las velocidades de carga y descarga de Internet están por debajo del 90% de las cifras prometidas por el ISP, el cliente tiene derecho a un descuento.
Según las autoridades alemanas de protección al consumidor, las desviaciones de los acuerdos contractuales afectan a más del 50% de los usuarios de Internet en el país.
Como tal, la nueva ley proporcionará una dinámica de equilibrio y un incentivo para que los ISP cumplan sus promesas de marketing y ofrezcan una calidad de servicio más consistente.
En este momento, en la mayor parte del mundo, los consumidores pagan un precio fijo en contratos escalonados y obtienen la velocidad técnicamente posible para su ubicación.
Este enfoque con frecuencia deja a los consumidores perjudicados en comparación con otros que pagan la misma cantidad por el mismo paquete de servicios pero disfrutan de mejores velocidades.
Por supuesto, todos pueden tomar el camino del litigio y reclamar sus derechos en los tribunales, pero la mayoría de las personas se saltearían este proceso costoso y tedioso.
Desde esa perspectiva, la ley alemana que introduce el derecho a recibir descuentos en las facturas es una ventaja significativa para los consumidores. Solo podemos esperar ver pronto una legislación similar en otros países.
La nueva ley entrará en vigor en diciembre de 2021 y, teniendo en cuenta que los reguladores presentaron el borrador en septiembre, se apresuraron a adoptarlo y seguir adelante.
