Ley de medidas urgentes

El Gobierno vasco busca flexibilizar la tasa de VPO y reducir los plazos administrativos

El Gobierno vasco propone rebajar la exigencia de VPO en las promociones privadas para impulsar la construcción a través de una ley de medidas urgentes. Entre las acciones se permitirá que los ayuntamientos reduzcan al 60% el porcentaje de vivienda protegida, que ahora se sitúa en el 75%, en la edificación de pisos .El objetivo es que en las próximas cinco o seis semanas se pueda contar con un texto que los grupos parlamentarios puedan registrar y que se pueda aprobar a lo largo de este año 2025.

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 VPO en Bolueta
VPO en Bolueta | irekia

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha anunciado que se va a impulsar una Ley de Medidas para acelerar la construcción de vivienda y proteger el mercado de alquiler, que espera aprobar este año, y que contempla medidas como la posibilidad de rebajar la exigencia de construcción de vivienda protegida al 60% o reducir los plazos administrativos de los trámites urbanísticos hasta en un 50%.

Así, la ley de Medidas Urgentes pretende buscar mecanismos que contribuyan a reducir los plazos administrativos hasta en un 50% en los trámites urbanísticos para facilitar el desarrollo de vivienda protegida y el análisis de posibles vías legales para establecer el silencio administrativo positivo o, en su caso, permitir la continuidad de los expedientes. También se persigue flexibilizar los criterios urbanísticos, permitiendo a los municipios ajustar los porcentajes de vivienda libre y protegida en suelo urbanizable para garantizar la viabilidad de cada operación. Según ha explicado el consejero, los ayuntamientos podrían rebajar esas exigencias hasta un mínimo del 60% de VPO, mediante acuerdo plenario. Asimismo, se propone crear, en colaboración con Eudel, "una reserva estratégica" de suelo para vivienda protegida, así como un procedimiento que simplifique y agilice la cesión de suelos para la promoción de VPO por parte del Gobierno Vasco.

"Redensificar" el parque de vivienda pública permitiendo ampliaciones en altura en edificios protegidos para generar hasta 2.000 nuevos alojamientos "sin consumir más suelo" y reforzar la regulación del alquiler, con sanciones específicas para propietarios que incumplan las normas en las zonas tensionadas son otras de las medidas planteadas. También se contempla regular las Viviendas de Uso Turístico para prohibir la actividad económica de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas y emplear las fórmulas de contratación urgente previstas en la Ley de Contratos del Estado, de manera que se permita recortar los plazos ante la "urgencia habitacional".