La Policía Nacional ha explicado que los arrestados formaban parte de una "red estructurada" que facilitaba la entrada y permanencia irregular en España de ciudadanos marroquíes a través de contrataciones ficticias en origen por parte de dos empresas del sector de la construcción, una de ellas domiciliada en Bizkaia y la otra en Gipuzkoa. Las ofertas de empleo se utilizaban para obtener permisos de residencia y trabajo, pero los migrantes posteriormente no eran empleados en empresas, sino que eran obligados a trabajar al margen de las compañías en condiciones precarias.
La investigación se inició en octubre de 2024, cuando se detectaron posibles irregularidades en varios empadronamientos en una vivienda de Irun.
Empadronamientos ficticios
La Policía Nacional localizó y tomó declaración en diferentes puntos de España 19 personas que habían figurado empadronadas en los inmuebles investigados, y 13 de ellas admitieron haber pagado a uno de los detenidos, J.M.L.R, natural de Gipuzkoa. Al menos 10 lograron regularizar su situación en España mediante autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a contratos en origen gestionados por dos empresas de la construcción.
Estas contrataciones eran facilitadas por Y.Z., de origen marroquí y de 47 años, que era la persona que contactaba con las víctimas en Marruecos, la mayoría de las ocasiones en una ciudad próxima a la localidad de origen de su mujer. Una vez que aceptaban la oferta de trabajo, los migrantes contactaban con una abogada especialista en extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, quien actuaba como representante legal de las empresas contratantes.
Investigación abierta
Al llegar a España, los trabajadores eran empadronados en los inmuebles de J.M.L.T. y dados de alta en la Seguridad Social por breves periodos, entre 13 y 26 días, tiempo en el que, en lugar de trabajar en las empresas que le habían hecho las ofertas, se dedicaban a efectuar trabajos de construcción bajo la dirección de Y.Z., sin ninguna vinculación con las empresas que presuntamente les habían contratado.
Según las declaraciones obtenidas por la Policía, trabajan sin control de jornada, sin cumplimiento de convenios colectivos y a cambio de sueldos "muy por debajo de lo estipulado legalmente", una situación que se repetía "de forma sistemática y bajo el conocimiento y la permisividad de las empresas responsables de la simulación contractual".
Los implicados recibían compensaciones económicas, ya que cobraban hasta 3.000 euros por persona por gestionar la contratación en origen, además de percibir trabajos a cambio, como reformas en viviendas en Marruecos. Además retenían parte de los salarios que los trabajadores recibían en España y les cobraban 250 euros por el empadronamiento ficticio.
