Maribel García Malo, parlamentaria del Partido Popular de Navarra, analiza en La Brújula de Navarra, el actual modelo de renta garantizada en la Comunidad Foral. García Malo explica su postura: "Nace como una ley débilmente respaldada ya que salió con el apoyo justo en el Parlamento. Desde el principio, casi la mitad de la Cámara mostró dudas sobre su eficacia, lo que ya anticipaba problemas en su aplicación". La parlamentaria popular sostiene que la norma “no responde a la realidad de Navarra actual”, por lo que considera imprescindible "una reforma estructural".
Convivencia con el ingreso mínimo vital
Uno de los principales problemas detectados es la coexistencia con el ingreso mínimo vital, aprobado en 2020. Ambas prestaciones tienen objetivos similares, pero su gestión conjunta resulta compleja. García Malo explica los principales errores: “Falta control en esta gestión conjunta, lo que genera duplicidades y desajustes. Hay personas que reciben solo una ayuda, otras ambas, y algunas que ni siquiera solicitan el IMV pese a tener derecho".
Más pobreza
Uno de los argumentos más contundentes, a juicio de la parlamentaria del PPN, es el aumento simultáneo del gasto y de la pobreza: "Antes del IMV, Navarra destinaba unos 113 millones de euros; actualmente, la cifra entre ambas prestaciones asciende a 180 millones (108 de renta garantizada y 72 de IMV). Sin embargo la pobreza sigue aumentando”. Según sus datos, la tasa ha pasado del 9,6% en 2015 a más del 16% en la actualidad. Además, detalla que "Navarra ha experimentado un incremento del 28% en pobreza en diez años, mientras en el resto de España ha disminuido".
Inserción laboral
Critica que "el sistema actual se centra principalmente en la ayuda económica, descuidando la inclusión sociolaboral. Y añade: "Este derecho no se regula apenas dentro de la ley y depende de planes no obligatorios. Como consecuencia, muchas personas permanecen largos periodos en el sistema: el 67% lleva más de un año” y el 30% más de tres años. Esto dificulta su reincorporación al mercado laboral". La propuesta del Partido Popular plantea un cambio profundo: mantener el IMV como base y crear una ayuda complementaria orientada a la inserción laboral. García Malo explica el objetivo: "Los beneficiarios se deben mantener activos desde el primer momento mediante formación, orientación y empleo. Además, se introducirían requisitos más exigentes, como no rechazar ofertas de trabajo. El objetivo final es pasar de un modelo asistencial a uno que promueva la autonomía: no sólo cobrar una prestación, sino avanzar y progresar".
