El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha celebrado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado la reforma de la Ley del Mar Menor "demuestra que el Gobierno de Fernando López Mira actúa siempre con rigor y cumpliendo la legalidad con el objetivo prioritario de defender" la laguna salada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño se ha referido de esta forma a la sentencia del TC que, dictada por unanimidad, ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto-ley que reformó la Ley de Murcia para la recuperación y protección del Mar Menor, al considerar que respeta el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sobre el medio hídrico.
En este sentido, Ortuño ha considerado que el Gobierno de España "sigue obsesionado con perjudicar a la Región de Murcia" y ha celebrado que la sentencia es un "varapalo" al Ejecutivo central, que recurrió el decreto ley que la Administración regional aprobó en 2021 para modificar la Ley del Mar Menor.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia, "respalda la actuación del Gobierno regional y confirma que no ha habido ningún tipo de invasión de competencia ni de dejación de funciones, que es lo que alegaba el Gobierno de España", según Ortuño.
En su opinión, la sentencia "deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez y queda patente, una vez más, que sólo hace un uso político del Mar Menor".
"No sólo no cumplen sus compromisos de inversión, sino que, además, boicotean la actuación del Gobierno regional, que sí está haciendo todo lo posible con todos los medios a su alcance para recuperar el Mar Menor", según el portavoz.
Por tanto, ha subrayado que la sentencia del Tribunal Constitucional demuestra que el Gobierno murciano está "actuando de forma correcta". "Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para proteger y para recuperar el Mar Menor y vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad", ha concluido.
Transporte escolar
El Gobierno murciano está "abierto" a buscar "todo tipo de soluciones" al problema del transporte escolar "dentro del marco de la ley", tal y como ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño.
"Lo voy a decir de otra manera, dentro de la ley, el consejero de Educación está dispuesto a todo", ha señalado Ortuño en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto.
A este respecto, Ortuño ha recordado que el Gobierno murciano ha atendido "todas las peticiones" que han planteado los representantes del sector. En concreto, la Comunidad se ha comprometido a subir las tarifas un 30% a partir de enero del 2024 y también se ha comprometido a crear una comisión técnica para "reformar y revisar el marco contractual en vigor".
"¿Por qué no podemos subir las tarifas desde ya?", se pregunta Ortuño, quien ha respondido que esto no es posible, "fundamentalmente", porque "está en vigor el acuerdo marco y hay decenas de empresas que están trabajando dentro de ese acuerdo y con unos precios establecidos".
"Es decir, solo se puede aplicar esa subida del 30% en las tarifas en enero de 2024, previa a la tramitación de un expediente de un nuevo contrato", según el portavoz del Gobierno regional.
Así, se pregunta "por qué hay empresas que en junio prestaban un servicio con unas condiciones y con un precio" y "por qué esas mismas empresas ahora en septiembre para el mismo servicio, con las mismas condiciones y con el mismo precio no quieren prestarlo".
"¿Por qué hay empresas que en junio prestaban un servicio con unas condiciones y con un precio y ahora en septiembre sí siguen prestándolo?", según Ortuño. En definitiva, se cuestiona "por qué unas empresas sí y otras empresas no".
En este sentido, se pregunta si "estamos como estamos" porque un comité técnico "no se ha reunido en el año 2022", tal y como publican los medios de comunicación.
Nombramientos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento de nuevos altos cargos dentro de la nueva estructura de la Administración regional.
Así, Ana García Anciones será directora general de Política Agraria Común, Antonio Caballero Pérez asumirá la Dirección General de Universidades y María Dolores Gil García será la directora general de Vivienda y Arquitectura.
Asimismo, el Gobierno regional ha dado el visto bueno al decreto de reestructuración de los órganos directivos del Servicio Murciano de Salud, así como al nombramiento de sus responsables: la Dirección General de Atención Primaria la ostentará Josefa Marín Hernández; la de Atención Hospitalaria la ocupará Irene Marín Marín; la de Salud Mental será para María José Lozano Semitiel, y la de Recursos Humanos la asumirá María del Carmen Riobó Serván.
