El Fiscal pide que Valcárcel y Barreiro declaren como testigos en Novo Carthago

Esa solicitud se contiene en el escrito, en el que el ministerio público acusa a ocho investigados en esta causa, entre los que se encuentran el exconsejero de Agricultura y Agua del gobierno regional Antonio Cerdá y el exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana.

Para la acusación pública, todos ellos participaron, como autores o cooperadores necesarios, en las modificaciones urbanísticas promovidas para hacer viable un macroproyecto que pretendía construir 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo en terrenos no urbanizables próximos al Mar Menor, parte de los cuales gozaban de protección medioambiental.

El fiscal reclama que intervengan también como testigos en el juicio, para que declaren especialmente en todo lo relacionado con la actuación de la exasesora de Cerdá María Antonieta Fernández, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía A.G. y el inspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) J.A.P.
La misma solicitud hace con respecto F.B. y E.A., autores del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1998, que fue modificado para hacer viable el proyecto urbanístico en una actuación que habría impulsado, presuntamente, Cerdá.

Por el ayuntamiento de Cartagena se pide que declaren como testigos la que era alcaldesa en el momento de los hechos, Barreiro, y los exconcejales de Urbanismo Agustín Guillén y José Fidel Saura, mientras que como antiguo consejero de Medio Ambiente se solicita que se haga lo mismo con Francisco Marqués.

En cuanto a la empresa Hansa Urbana, promotora de la urbanización Novo Carthago, se reclama la testifical de su presidente, Rafael Galea, de su hijo y del letrado Ángel Luna.

Así mismo, el fiscal pide que se cite en la misma condición a los propietarios e intermediarios en la venta de las fincas Miramar y Derramadores.

Por otra parte, se pide que se dé traslado del escrito de acusación tanto al consistorio de Cartagena y a la Comunidad Autónoma para que puedan alegar lo que a su derecho interese