El concejal de Urbanismo compostelano, Iago Lestegás, anunció que este lunes se remitirá al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) una nueva solicitud para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. El edil confía en que el organismo autonómico apruebe la petición “con rapidez”.
Así lo explicó durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, en la que se dio luz verde a la solicitud. En la comparecencia estuvo acompañado por la portavoz del Ejecutivo municipal, Míriam Louzao.
Según defendió Lestegás, la documentación elaborada en mayo de 2025 era “correcta y muy completa” y demostraba con “claridad y contundencia” que Santiago cumplía los requisitos establecidos por la ley. No obstante, ante la negativa de la Xunta a tramitarla, el gobierno municipal decidió preparar una nueva propuesta.
La nueva solicitud recoge en primer lugar el procedimiento previo destinado a recabar información sobre la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales tanto autonómicas como estatales.
En cuanto a la memoria justificativa, el documento utiliza únicamente datos oficiales, sin complementarlos con otras fuentes, y recoge un incremento del precio medio del alquiler del 40,26% entre 2019 y 2024, según los datos del Observatorio de Vivenda, dependiente del propio IGVS.
Durante el periodo de exposición pública se presentaron dos alegaciones, frente a las seis registradas en el primer proceso, según indicó Lestegás, quien reiteró su esperanza de que la Xunta apruebe la solicitud “con rapidez”. A su juicio, el mercado del alquiler está funcionando como un “mecanismo de amplificación y reproducción de la desigualdad”.
“Esperamos que Santiago sea el próximo”
El concejal de Urbanismo explicó que actualmente existen 307 municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado en España, que concentran a 9,2 millones de personas. “Por tanto, el 18,5% de la población española vive en un municipio con esta declaración”, subrayó.
En concreto, 271 de esos municipios se encuentran en Cataluña, 14 en Euskadi, 21 en Navarra y uno en Galicia. Según Lestegás, esta diferencia no se debe a que los ayuntamientos de esas comunidades sean más proactivos o elaboren mejor la documentación, sino a que sus gobiernos autonómicos impulsan estas declaraciones, algo que —según denunció— no ocurre en Galicia.
En este sentido, recordó que el último municipio en ser declarado zona de mercado residencial tensionado fue Hernani, en Guipúzcoa, el pasado 30 de enero, y expresó su deseo de que “Santiago sea el próximo”.
Efectos positivos
Lestegás destacó que esta declaración conlleva efectos fiscales y de inversión, además de permitir la aplicación de medidas para contener los precios del alquiler.
Asimismo, señaló que la declaración tiene efectos positivos en materia de inversión pública, ya que posibilita que los planes estatales de vivienda y rehabilitación incorporen programas específicos para aumentar la oferta de vivienda suficiente y adecuada en estas zonas.
El concejal también apuntó que la medida puede beneficiar al tercer sector, ya que actualmente está en audiencia pública una propuesta para crear una línea de ayudas destinada a incrementar la oferta de vivienda social accesible gestionada por entidades sociales.
En relación con las limitaciones de precios, explicó que en el caso de A Coruña el máximo histórico del alquiler se registró en junio de 2025, con 771 euros, mientras que en diciembre de ese mismo año descendió hasta los 717,4 euros.
Recurso habitacional
Por otro lado, el edil amplió la información sobre una vivienda municipal que pasará a ser gestionada por el Departamento de Igualdade para destinarla a recurso habitacional para mujeres víctimas de violencia de género o personas afectadas por violencia LGTBIfóbica.
Se trata de un piso situado en la Rúa de Roma, con una superficie de 86 metros cuadrados. Los trabajos de acondicionamiento, reparación, adaptación de la caldera y revisión de la instalación eléctrica ya han sido realizados.
A partir de ahora, quedaría pendiente la aprobación de la Xunta, completar algunos trámites administrativos y proceder a su amueblamiento.
