El nombre del exsecretario general de los socialistas gallegos y actual parlamentario, Manuel "Pachi" Vázquez, aparece manuscrito en un anónimo enviado por correo postal el 9 de abril de 2013 a la juez de Lugo Pilar de Lara. El contenido de la carta despertó el interés de la instructora de la Pokemon que un día después de recibirla ordenó averiguar quién pagó algunos de los materiales empleados en la rehabilitación y cierre de la vivienda que Vázquez posee en el municipio ourensano de San Amaro.
El anónimo hace mención explícita a la madera empleada en el vallado del terreno y al hormigón. Afirma que los postes de madera fueron "encargados y abonados" por el empresario de O Carballiño, "Daniel, implicado en la operación Pokemon". Se refiere a José Daniel Blanco Fernández, titular de la empresa Forestaciones Curro SL, vinculada a la trama de favores y sobornos en la contratación de obras y servicios de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil bajo el mandato del también imputado Francisco Liñares. La juez les atribuye a él y a su esposa el delito de cohecho.
El anónimo precisa que la madera del cierre procede de un aserradero de Villavidal, en Ramirás, "cuyo propietario es un tal Mosquera, al que Daniel le abonó la factura". También afirma que el hormigón lo abono "un empresario de Maside llamado Cadavid".
Al día siguiente de la entrada de este anónimo en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, la juez De Lara ordenó a la policía judicial de la Guardia Civil que realizase las gestiones oportunas para averiguar la titularidad del citado aserradero para requerir información sobre si José Daniel Blanco, su esposa Olga Fernández o la hija de ambos efectuaron alguna compra. También se interesa por posibles facturas a nombre de Forestaciones Curro SL o Serra Madalena SL, ambas participadas por miembros de esta familia. De existir alguna compra, la juez ordena que se aporten "todas las facturas y albaranes servidos desde el año 2000 hasta la actualidad".
La casa de San Amaro fue objeto de polémica en 2011 cuando el Concello, gobernado por el PP, denunció obras de reforma sin licencia. La Xunta abrió un expediente urbanístico que finalmente quedó archivado
