La Audiencia tuvo en cuenta, en ambos casos, la atenuante cualificada de dilaciones indebidas y de reparación del daño, así como la de reincidencia en el delito de intrusismo profesional respecto al condenado. Además, el investigado deberá abonar más de 3,2 millones de euros en indemnizaciones a las más de cien víctimas por los honorarios que les cobró, los gastos en pruebas y los desplazamientos, así como por las lesiones, las secuelas y los daños morales que les causó.
El tribunal indica en la sentencia que, tal y como admitió el sospechoso, durante al menos los cinco años anteriores a su detención, en febrero de 2008, ejerció como médico y osteópata pese a no contar con la titulación necesaria. “A tal fin, a largo de los años, y desde al menos 1998, se dotó de numerosos títulos y certificaciones de diversos centros docentes y sanitarios, tanto españoles como extranjeros, que después exhibía públicamente. Bajo tal amparo y aprovechando además el nombre, crédito y firma de otros auténticos profesionales de la medicina, consiguió atraer a su local de Ferrol, al que después sumó otro en Viveiro, a centenares de personas”, relatan los jueces en la resolución.
