El Tribunal de Cuentas ha advertido de un "uso excesivo" en la contratación menor en consejerías de Cultura de Extremadura, Murcia, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla durante el año 2022, alertando de que esto "puede afectar a los principios de publicidad y concurrencia".
Así consta en un reciente informe del órgano fiscalizador, que abarca la actividad de las consejerías competentes en materia cultural de Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla, junto con 15 entidades dependientes de dichas consejerías.
En conjunto, formalizaron 10.345 contratos por un importe de 65,8 millones de euros, de los que se han analizado 79 contratos no menores (61,6 millones) y 417 contratos menores (3,7 millones).
Eso sí, el informe constata que la contratación celebrada en 2022 por las entidades de ámbito cultural de estas cuatro comunidades, si bien "se ajustó, con carácter general, a la legalidad", presenta incidencias en distintas fases del procedimiento contractual.
CON DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS
Asimismo, se han apreciado demoras significativas en la ejecución de determinados contratos de obra, que han retrasado la puesta a disposición de infraestructuras para su uso público. Estas incidencias se vinculan a carencias en la planificación y preparación de los contratos, así como a debilidades en su seguimiento.
En cuanto a la contratación menor, que representa el 38 por ciento del importe total adjudicado, el Tribunal advierte un uso excesivo de esta modalidad de contratación en servicios y suministros recurrentes, especialmente en las consejerías de la Región de Murcia, Cantabria y Melilla, lo que a juicio del Tribunal puede afectar a los principios de publicidad y concurrencia.
En conjunto, el informe pone de relieve que, pese al cumplimiento general del marco normativo, persisten debilidades que apuntan a la necesidad de reforzar la planificación, el control y la gestión de la actividad contractual.
A la vista de estos resultados, el Tribunal de Cuentas recomienda reforzar la planificación -especialmente en los contratos de obras- y evitar el uso recurrente de la contratación menor para cubrir necesidades recurrentes y previsibles. Asimismo, propone mejorar la definición de los criterios de adjudicación, asegurar una adecuada preparación de los contratos y fortalecer los mecanismos de control durante su ejecución.
