El Supremo detalla que el coste del derribo total de Marina Isla Valdecañas no es pretexto para no cumplir la ley

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado a conocer los detalles de la Sentencia del Supremo por el que ordena la demolición total del complejo Marina Isla de Valdecañas. Recuerda el Tribunal Supremo que “el pronunciamiento de nulidad y reposición de los terrenos a la situación anterior tiene por objeto la restauración de la legalidad urbanística en atención a la clasificación impuesta legalmente como consecuencia de la integración en la Red Natura 2000, que impide la transformación urbanística llevada a cabo al amparo del PIR. En consecuencia, la restauración de la legalidad urbanística necesariamente conlleva la desaparición de las instalaciones, obras y actuaciones urbanísticas realizadas. La sentencia cita al Tribunal Constitucional y concluye que “los citados terrenos Red Natura 2000 deben quedar preservados de la transformación urbanística; esto es, han de permanecer en situación de suelo rural excluido del proceso de urbanización”. Respecto de la alegación de los posibles perjuicios económicos que pudieran derivarse para la administración, incide en que la actuación administrativa no era conforme a Derecho al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico.», por lo que es contundente al afirmar que “la responsabilidad económica que pueda resultar para la Administración en este caso, lejos de resultar desproporcionada, se corresponde con el alcance de su responsabilidad. También viene a reconocer el limitado impacto que la ejecución tendría en cuanto a la generación de empleo, y se refiere genéricamente al mantenimiento de la población en los municipios cercanos asociados al turismo que genera la urbanización, beneficios que difícilmente pueden imponerse y considerarse desproporcionadamente de mayor alcance que la realización de los intereses públicos tutelados y comprometidos en la ejecución, como son la ordenación urbanística y la protección del medioambiente, que resultarían definitivamente lesionados. Anoche, en la Brújula, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, insistía en que el caso tiene recorrido y que el Ejecutivo Regional no sería el único en hacer frente a los gastos.