El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha lamentado que sin informe medioambiental positivo de la Unión Europea no hay solución al proyecto de regadío en Tierra de Barros, aunque ha planteado como alternativa el trasvase de agua del río Tajo al Guadiana o una toma directa desde este segundo río a la presa de Alange (Badajoz).
Así lo ha expresado Sánchez Cordero este jueves en declaraciones a los medios durante la Feria Internacional Agroexpo, donde ha denunciado la "destrucción" de unos expedientes y una documentación, que es delito", y por "mentir a los regantes firmando un convenio en noviembre de 2022 a sabiendas de que estaba pendiente un informe medioambiental".
"Es imposible empezar las obras y cualquier actuación sin el visto bueno de la Comisión Europea", pues "aunque tuviéramos capacidad económica" para hacerlo con fondos "propios", se infringiría la normativa europea.
"Rezo todos los días para que el informe sea positivo", pero en caso de ser negativo "difícilmente se podría arbitrar un nuevo proyecto, pues el condicionante fundamental es la escasez de agua".
En este sentido, ha comentado que el cauce de la presa de Alange ha bajado "bastante" en los últimos tres o cuatro años, y como solución ha propuesto a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, que autorice un trasvase de agua del río Tajo al Guadiana, o una toma directa de esta segundo río a la presa de Alange.
No obstante, ha afeado que las imposiciones medioambientales "prefieren que se vierta agua al Tajo por la presa de Alcántara (Cáceres), que da directamente a Lisboa, y que se vierta agua que va a alimentar 180.000 hectáreas en Portugal", mientras que en este caso "no nos permiten 15.000 hectáreas".
"Agua hay, el problema es que está mal repartida", pues la presa de Alqueva (Portugal) almacena "casi el 50 por ciento de todas las presas de la cuenca del Guadiana", ha justificado.
En su opinión se necesitarán cambios en Bruselas y Madrid "con respecto a la prioridad de la supervivencia de personas y la fijación de población en el territorio rural por encima de dogmas medioambientales absurdos".
"Si no hay alternativa, tendremos que decir a las 1.200 familias afectadas que les paguen 100.000 euros por hectárea como en Andalucía", ya que "para evitar los riegos en Doñana que afectaban a muchas menos hectáreas que en Tierra de Barros ha llegado a pagar" esta cantidad "para que los agricultores abandonaran la explotación"
