Las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, e Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, han anunciado la elaboración de un censo preliminar de amianto en Extremadura.
Este censo se materializa en un mapa interactivo que estará disponible de forma gratuita para todos los ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la localización del amianto en edificios públicos y privados.
Al respecto, la Junta de Extremadura recuerda que el amianto, material anteriormente utilizado en la construcción por sus propiedades aislantes y de resistencia, fue prohibido en 2002 debido a su carácter nocivo para la salud y el medio ambiente.
"A pesar de su prohibición, sigue presente en numerosas edificaciones, lo que hace necesario su control y retirada segura", según ha señalado este miércoles en rueda de prensa en Mérida la directora general de Trabajo, Pilar Bueno.
Así, la Comisión Europea exige a los Estados miembros la elaboración de censos municipales de amianto, obligación que España ha incorporado mediante la Ley 7/2022. El censo debe incluir la localización del amianto y una planificación de su retirada, priorizando los casos de mayor peligrosidad y exposición de población vulnerable.
El mapa interactivo estará desarrollado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, mediante imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, y ofrece una fiabilidad inicial del 70 por ciento.
Además, se está creando una plataforma digital para que los ayuntamientos registren sus censos, en el marco del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027. Esta herramienta permitirá a los municipios, especialmente a los de menor capacidad técnica, completar y verificar la información preliminar mediante inspecciones técnicas.
La Junta también impulsará campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos del amianto y fomentará la colaboración en su detección. Asimismo, se han aprobado ayudas que cubrirán hasta el 85 por ciento del coste de retirada y gestión de residuos de amianto en centros de trabajo, con un límite de 20.000 euros por empresa, apunta en nota de prensa la Junta.
