Los notarios extremeños han autorizado un total de 35.481 actos de jurisdicción voluntaria en los diez años de vigencia de la ley que abrió la puerta a que numerosos trámites legales pudieran resolverse directamente en notarías, sin necesidad de acudir a los tribunales.
Cabe destacar que en julio de 2015 entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV) y que, en el conjunto del país, los actos autorizados han superado los 1,2 millones, lo que demuestra la "confianza creciente en el modelo de justicia preventiva notarial", ha señalado en nota de prensa el Colegio Notarial de Extremadura.
Los datos registrados en Extremadura muestran una "clara prevalencia" de los actos relacionados con sucesiones, que suponen el 92 por ciento del total, con 32.621 expedientes en estos diez años.
A ello se suman 2.785 actos de naturaleza familiar, como matrimonios civiles, separaciones o convenios reguladores, mientras que el resto de los trámites, 174 en total, están vinculados a cuestiones de obligaciones y conciliación extrajudicial.
El decano del Colegio Notarial de Extremadura, Ignacio Ferrer, ha puesto en valor el impacto que ha tenido esta ley en la comunidad. "La entrada en vigor de la LJV ha supuesto un avance extraordinario para una región como la nuestra, extensa y con una notable presencia rural. Gracias a la capilaridad del notariado, muchos extremeños han podido acceder a trámites jurídicos relevantes sin desplazamientos largos, sin esperas y con plena seguridad legal. Esta cercanía ha reforzado la función pública notarial como garante de confianza y solución ágil ante procedimientos que antes estaban reservados a los juzgados", ha destacado.
La finalidad principal de esta ley era aliviar la carga de los órganos judiciales y trasladar determinados procedimientos no contenciosos al ámbito notarial, garantizando al mismo tiempo la tutela de derechos y la legalidad.
