Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han recabado apoyos entre los grupos parlamentarios para que se refleje ya en los presupuestos extremeños de 2027 alguna partida de cara a conseguir la equiparación salarial respecto a otras regiones de los empleados públicos que faltan, de la Administración General y Sanidad, que cifran en un 20 % de diferencia.
De esta forma, han urgido a la Junta a negociar para llegar a un acuerdo y paralizar las movilizaciones previstas.
Esto afectaría a unos 35.000 empleados públicos e incluiría al personal no docente de la Consejería de Educación (educadores sociales o técnicos de educación infantil, entre otros) que no entró en el acuerdo para la homologación salarial de los docentes.
Este último acuerdo está aún pendiente de "algunos flecos" para cerrarlo definitivamente, según ha apuntado el presidente de CSIF, Benito Román.
Los tres sindicatos se han reunido este miércoles con PP, PSOE y Unidas por Extremadura para recabar apoyos en este sentido y están a la espera de cerrar fecha próximamente con Vox.
CSIF
A juicio de Román, es necesario "ir todos juntos" para que los trabajadores públicos tengan "lo que realmente se merecen".
Así, ha puesto en valor la última reunión con la presidenta de la Junta, María Guardiola, de la que salieron con "sensaciones positivas" tras trasladarles que quiere "solucionar el problema", por lo que "ahora la pelota está en el tejado de la Consejería de Hacienda".
Los sindicatos están a la espera de una convocatoria extraordinario de la Mesa General de Negociación para que haya partidas presupuestarias en 2027 que aborden la equiparación salarial, algo que espera suceda antes de la próxima movilización sindical, el día 24, cuando prevén una concentración a las puertas de la Asamblea extremeña.
"Si hay una negociación real, llegaremos a un acuerdo para que cada sector tenga lo que realmente necesita para dejar de estar en el vagón de cola retributivamente hablando con el resto del país", ha declarado Román ante los medios.
UGT
Por parte de UGT, el secretario de general de Servicios Públicos en Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha dicho que la situación de los empleados públicos extremeños es "insoportable" con respecto a otras comunidades y no pueden "esperar más".
Para Fernández Colomo, se trata de "dignificar" al empleado público de la Junta, no sólo con la homologación salarial, sino también con otras medidas relacionadas con la reducción de la temporalidad (que ha situado en torno a un 30 %) o la agilización, profesionalización y transparencia de los procesos de selección.
Según ha precisado, los sindicatos llevan más de un año intentando abrir la negociación para un nuevo acuerdo con la Junta y "realmente no hay negociación real", tras distintos retrasos en las reuniones, entre otros motivos, por la convocatoria de elecciones.
CCOO
Asimismo, la portavoz de CCOO Extremadura, Sonia García Hernández, ha asegurado que "urge sentarse" a negociar y, a preguntas de los medios, ha aclarado que la movilización sindical seguirá incluso si la Administración los convoca antes del 24, pues hasta que no se alcance un acuerdo no la paralizarán.
García Hernández sitúa a Extremadura sólo por delante de Murcia en cuanto al nivel retributivo de los trabajadores públicos, algo que no se justifica por el coste de vida, "que está muy alto", ni con el matiz vocacional, por lo que ha pedido reconocer a estos empleados salarialmente y en cuanto a sus condiciones laborales "debidamente".
UNIDAS POR EXTREMADURA
La primera de las reuniones con los grupos parlamentarios la han mantenido este miércoles con los diputados de Unidas por Extremadura.
Su portavoz, Irene de Miguel, ha tachado de "inasumible" la brecha salarial de los empleados públicos extremeños con el resto de comunidades autónomas, siendo "los trabajadores más pobres del país", algo "paradójico" mientras el Ejecutivo regional "anuncia a bombo y platillo unos presupuestos históricos y millonarios".
A su juicio, esto genera "agravios comparativos" también con el personal docente extremeño, en cuya equiparación salarial se está avanzando, pero que debería haber sido para todos los trabajadores de Educación, ha apuntado De Miguel, cuyo grupo preguntará sobre esto a la Junta en el próximo pleno de la Asamblea.
Además, ha reclamado atajar la temporalidad y la precarización en el empleo público, que la Administración se adapte a las necesidades de los usuarios y se acabe con los actuales métodos de selección.
PP
Los populares han puesto en valor los avances alcanzados por los empleados públicos bajo el Gobierno de María Guardiola, cifrados en más 400 millones de euros de mejoras salariales de pago, entre ellos el abono de la deuda del 2 % del año 2000, "que no abonaron los gobiernos socialistas", y la subidas salariales de 2025 y 2026.
Ejemplos de "la seriedad" con la que el Ejecutivo trata a los empleados públicos, "donde un compromiso se lleva a efecto y acaba beneficiando a todos los empleados públicos", ha remarcado el portavoz del Grupo Parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá.
Tras remarcar la importancia de avanzar para que las condiciones laborales de los empleados públicos "sigan mejorando", el portavoz popular ha aseverado que el dialogo abierto no es para frenar las movilizaciones anunciadas por los sindicatos y "sí para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos".
Ha recordado que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, se reunirá la próxima semana con las centrales sindicales para "hablar, negociar y llegar a puntos de acuerdo para poder seguir avanzando" para que la Función Pública en Extremadura "esté mejor valorada, mejor remunerada, pero también mejor reconocida con mejores condiciones".
Unas reuniones "para poner blanco sobre negro, poner cifras y medidas", ha añadido Sánchez Juliá.
A su juicio, lo primero en este diálogo abierto es cuantificar el desfase salarial de los empleados públicos extremeños con respecto a otras comunidades autónomas y, posteriormente, abordar "cómo se puede implementar presupuestariamente y en un acuerdo".
PSOE
Por parte del PSOE extremeño, su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, ha trasladado a los sindicatos el “pleno respaldo” a su reivindicación y ha defendido la necesidad de abrir una vía de diálogo que permita alcanzar un acuerdo y evitar la huelga general convocada por los sindicatos el 11 de noviembre.
A su juicio, es una cuestión "de justicia" y esta reivindicación debe ser abordada también desde el Parlamento.
En este sentido, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista registrará una batería de iniciativas para llevar al debate parlamentario las propuesta de dichos sindicatos, ha asegurado el PSOE en nota de prensa.
Así, Sánchez Cotrina ha lamentado que Guardiola “no quiera hablar en el Parlamento” sobre esta cuestión.
"120 millones de euros que le va a quitar Almaraz, pues ya lo tiene hecho", ha afirmado, en referencia a los recursos que puede disponer la Junta para encontrar una solución a los empleados públicos y reforzar los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
En su opinión, la mayor capacidad presupuestaria del Gobierno extremeño debe servir para afrontar reivindicaciones pendientes y ha asegurado que este asunto estaría en "vías de solución" con él en la Junta.
