TRIBUNALES

Cinco alcaldes del Valle del Jerte serán juzgados mañana por vertidos ilegales de cerezas

Los regidores se enfrentan a hasta 13 años de inhabilitación y el juicio se ha señalado para las 10,30 horas en la Audiencia Provincial de Cáceres, situada en el Palacio de Justicia de la ronda de San Francisco.

Europa Press

Extremadura | 19.09.2022 18:43

Cinco alcaldes del Valle del Jerte serán juzgados mañana por vertidos ilegales de cerezas
Cinco alcaldes del Valle del Jerte serán juzgados mañana por vertidos ilegales de cerezas | Onda Cero

Los alcaldes de las localidades de Rebollar, Cabrero, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo, entre los años de 2015 a 2019, se sentarán mañana martes, 20 de septiembre, en el banquillo de la acusados de prevaricación con los vertederos municipales.

Los regidores se enfrentan a hasta 13 años de inhabilitación y el juicio se ha señalado para las 10,30 horas en la Audiencia Provincial de Cáceres, situada en el Palacio de Justicia de la ronda de San Francisco.

En concreto, la fiscalía acusa a los responsables de estos cinco consistorios, algunos de los cuales siguen al frente de ellos, de reabrir las escombreras para verter cerezas desechadas para la venta por no cumplir los estándares de calidad exigidos al producto.

La mayoría de estas escombreras habían sido objeto de inversiones por parte de la Diputación de Cáceres para regenerar zonas degradadas, y los ayuntamientos de la zona publicaron bandos municipales en los que se comunicaba que se había abierto una zanja para depositar los desechos de las cerezas y en los que se indicaba que estaba prohibido que se vertieran otro tipo de desechos.

Pero en los municipios encausados se advirtió la presencia de vertidos incontrolados "consistentes en escombros de obras, residuos domésticos, restos de muebles, envases de plásticos y cristal, residuos peligrosos, productos fitosanitarios y sustancias químicas nocivas", según se recoge en el escrito de fiscalía.

Las parcelas donde se ubicaban las escombreras estaban ubicadas en terrenos de competencia municipal y, según recoge la fiscalía en su escrito, "todos los alcaldes estaban obligados al control y supervisión a fin de evitar nuevos depósitos y vertidos en lugares que no estaban legalmente autorizados para recibirlos".