El Grupo Municipal Unidas por Mérida ha acusado este jueves al gobierno municipal de "vulnerar los derechos de los trabajadores municipales" implicados en la demanda de ruidos en relación con la actividad de varios bares de Mérida, por negarles el derecho de asistencia jurídica.
Unidas por Mérida señala que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que estos trabajadores tienen derecho a la asistencia jurídica y la defensa por parte de la administración, en los casos en los que se vean implicados en alguna causa judicial por el ejercicio legítimo de sus funciones.
Así, ha señalado varios trabajadores municipales se han visto implicados en los últimos años en diversos procesos judiciales en la condición de imputados o investigados debido a las demandas interpuestas por vecinos de la ciudad contra la forma en la que el ayuntamiento gestionó las quejas presentadas por los mismos ante los ruidos generados por la actividad de determinados locales.
Sin embargo, lamenta Unidas por Mérida que el gobierno municipal "se ha negado en diversas ocasiones a sufragar los gastos generados por estos procesos", aún cuando se ha producido la absolución de los implicados y las sentencias reconocen la inocencia de los funcionarios.
Una negativa del Ayuntamiento de Mérida que "ha perdurado en el tiempo" hasta el punto en el que una nueva sentencia judicial dio la razón a alguno de estos trabajadores que recurrió contra la negativa del ayuntamiento a sufragar los gastos derivados por la defensa, a pesar de lo cual, el ayuntamiento "sigue sin reconocer el derecho de los trabajadores a recibir el pago, a pesar de haber transcurrido más de seis meses desde que el juzgado dictó sentencia contra la negativa del ayuntamiento a pagar".
desde la formación indican que la situación es aun más vergonzosa porque el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, está utilizado actualmente a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que le representen en un juicio que en estos momentos se encuentra en proceso, y que tiene su causa en una demanda interpuesta por el propio Osuna contra dos vecinos de Mérida, a los que acusa de un delito de injurias.
Por todo, este grupo municipal reclama al alcalde de Mérida que "respete los derechos de los trabajadores, y no se aproveche de su condición de alcalde para utilizar los recursos municipales en beneficio propio", así como que "pague con su propio dinero los litigios judiciales a los que quiera hacer frente, en aquellos casos -en los que como éste- no tienen su origen en su condición de alcalde".
