Según ha informado la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos". Estos hechos, indica, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía.
Este paso es consecuencia del proceso iniciado en marzo de 2015 por el Gobierno regional, entonces en manos del PP, al decidir trasladar a esta instancia un presunto fraude con cursos de formación de ocupados.
En este sentido, Anticorrupción explica que inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del entonces director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Miguel Lozano, quien puso en su conocimiento la existencia -apoyada en un informe "meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva"- de posibles irregularidades.
En concreto, éstas afectaban al proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.
Tras asumir las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, se practicaron diversas actuaciones con el fin de contrastar los hechos, recabando múltiples soportes documentales referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes.
De lo actuado hasta este momento, y sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales, surgen "indicios relevantes" que evidencian la existencia de posibles infracciones penales "cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización" de estas informativas", señala Anticorrupción en la nota.
Lo hace, según añade, para maximizar las garantías de los investigados, completar la búsqueda de la verdad material y dar cumplimiento al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que "transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiere evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización".
El importe de las subvenciones cuestionadas asciende, según precisa Anticorrupción, a 1.707.106,93 euros en el caso de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), 400.133,27 en el de UGT, y 311.897,55 en el de CCOO.
