La flota pesquera del puerto de Santa Pola no ha salido a faenar este lunes en una protesta que se ha extendido al conjunto de zonas pesqueras de toda España.
Ha sido una movilización por medio de la que se ha exigido la paralización inmediata de las medidas más rígidas de la nueva normativa de la Unión Europea (UE) que, entre otros aspectos, ha impuesto la obligación de tener que registrar en el Diario Electrónico de a Bordo y antes de llegar a puerto el volumen de capturas, divididas por especies, que se lleva en el barco.
Esa situación afecta en la actualidad a los barcos de arrastre, de los que en el puerto de Santa Pola tiene base un total de 38.
José López Chacopino, Patrón Mayor de la Cofradía de Santa Pola, ha insistido en que ese requerimiento de la UE es “imposible” de poder cumplir. Ha incidido en que, si no se da marcha atrás, las sanciones que se prevén en la propia normativa europea que ya está en vigor pueden suponer un golpe definitivo a la supervivencia de muchos barcos de la flota pesquera.
En Santa Pola se ha convocado para este mediodía una concentración en el puerto de la localidad, al tiempo que una delegación de pescadores se va a desplazar a Madrid para participar esta tarde en la movilización que coincidirá con una reunión del sector pesquero con representantes de la Dirección General de esa área.
En función de los resultados con lo que acaba esa reunión, se decidirá si se retoma la actividad en el mar o si se continúa con la protesta.
La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano (PP), ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento a la reivindicación de los pescadores: “A los pescadores se les está tratando como a delincuentes, se les están poniendo unas medidas sumamente drásticas y exigentes que son inviables”, ha afirmado la regidora crevillentina que ha añadido que “tener que comunicar más de dos horas antes de llegar a puerto qué tipo de especies han capturado y el peso de cada una, lo que interfiere en el proceso de ordenar y preparar las cajas; además de ser imposible pesar con fiabilidad en un barco en movimiento, teniendo en cuenta que si se desvían un 10 % de la cifra real están expuestos a multas de 3.000 euros o a perder las subvenciones”.
“Eso es inviable y no se puede permitir bajo ningún concepto", ha concluido Serrano.
