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Convocados por la PAH de Elche en el lugar se han concentrado alrededor de un centenar de personas

Elche vuelve a vivir forcejeos con la policía para tratar de impedir un desahucio en el barrio de Carrús

La vivienda, propiedad de un fondo buitre con sede en Luxemburgo, ha sido finalmente desalojada dejando sin techo y en riesgo de exclusión social a un matrimonio con tres hijos con edades de 3, 9 y 13 años

David Alberola |  Elche |  15/05/2018

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Elche no ha podido paralizar hoy el desahucio de una vivienda propiedad de uno de los conocidos como fondos buitres, que ha dejado sin techo a un matrimonio con sus tres hijos, a los que además se les reclama una deuda de 18.000 euros.

En el lugar había alrededor de un centenar de personas concentradas.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, facilitado a Onda Cero Elche por miembros de la PAH Elche-Crevillent, la Policía Nacional ha forcejeado con un grupo de ellas, que trataban de evitar el desalojo de la vivienda.

Hacia las 10:30 horas llegaba la comisión judicial al piso, ubicado en el número 23 de la calle Rafael Sánchez Ceva, en el barrio de Carrús, para proceder al desalojo del mismo, lo que finalmente se ha producido.

Ha sido el cuarto intento de desahucio y a la cuarta ha sido la vencida. La presión social, con decenas de personas concentradas hoy incluso en la calle, no ha podido en esta ocasión paralizar el desalojo de la familia.

Rabia y Said, que así se llama el matrimonio, junto con sus tres hijas no tienen desde hoy casa pese a que él tiene trabajo.

La familia afectada se ha visto afectada por el desahucio a raíz del impago de varios recibos del préstamo que tienen suscrito. Ese impago ha sido consecuencia de la pérdida del empleo que sufrió el cabeza de familia durante unos meses. Después volvió a encontrar un empleo pero no logró regularizar la situación con la propiedad de la vivienda.

La mediación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas con el fondo buitre tampoco ha fructificado ante la negativa del mismo a avanzar en la búsqueda de una solución por lo que no se ha podido evitar el desahucio.

La familia queda ahora en riesgo de exclusión social además dado que se le reclama una deuda de 18.000 euros pese a que ha pagado alrededor de 41.000 euros por una vivienda que en su día se valoró en menos de 25.000 euros. Con ello, pese tener ingresos, la familia se ve con dificultades extremas para, con un sueldo, hacer frente a la deuda que se le reclama al mismo tiempo que afronta los gastos del día a día.