La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha asegurado que la contratación como profesora sustituta de quien fuera consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, no implica “en ningún caso” un pronunciamiento, valoración o apoyo a sus actuaciones durante la dana del 29 de octubre de 2024.
Así lo señala el rector de la UJI, Jesús Lancis, en una respuesta dirigida a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, después del escrito remitido por los familiares el pasado 8 de septiembre en el que manifestaban su malestar por la situación laboral de Pradas en la universidad.
Lancis explica que los procesos de selección y contratación de profesorado, incluido el profesorado sustituto, están regulados por la normativa estatal y autonómica y deben realizarse mediante concurso público que garantice los principios de “publicidad, igualdad, mérito, capacidad y concurrencia competitiva”.
El rector subraya que esta actuación “no supone, en ningún caso, un pronunciamiento de la UJI sobre los hechos que son objeto de investigación judicial, ni una valoración o apoyo a las actuaciones individuales de ninguna de las personas implicadas”.
En este sentido, señala que corresponde a los órganos judiciales “determinar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar” y añade que la universidad confía en que puedan hacerlo “lo más pronto que sea posible”.
Lancis recuerda asimismo que “los derechos fundamentales amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de los procesos judiciales que puedan tener pendientes”.
En su respuesta, el rector traslada a los familiares su comprensión ante la situación y reconoce el sufrimiento derivado de la tragedia. “Somos plenamente conscientes que detrás de vuestro escrito hay mucho dolor y unas vivencias que han marcado de manera irreversible vuestras vidas”, afirma.
La UJI señala que comparte la sensibilidad de los familiares y reitera su compromiso con las personas y familias que sufrieron las consecuencias de la dana.
El rector concluye que a la universidad le corresponde actuar, dentro de su ámbito competencial, “con respeto estricto a la legalidad y a las garantías propias de una administración pública”, y reitera su “máximo respeto” hacia las reivindicaciones de los familiares y hacia la memoria de las víctimas.
CARTA DEL RECTOR
A/A Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O
Queridos familiares,
En relación con vuestro escrito del 8 de septiembre, en el cual manifestáis vuestro malestar respecto de la situación laboral como profesora sustituta en la UJI de quien ejercía como consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el 29 de octubre de 2024, quiero haceros llegar esta respuesta en nombre de la Universitat Jaume I y de su Equipo de Gobierno.
En primer lugar, queremos agradeceros que hayáis querido trasladarnos vuestra preocupación. Somos plenamente conscientes que detrás de vuestro escrito hay mucho dolor y unas vivencias que han marcado de manera irreversible vuestras vidas. Por eso, antes de cualquier otra consideración, queremos reconocer y respetar vuestro sufrimiento, así como la necesidad que sentís de defender la memoria de vuestros familiares y de reclamar lo que consideráis justo.
La Universitat Jaume I comparte esta sensibilidad y quiere reiterar su compromiso con la sociedad valenciana y, especialmente, con todas las personas y familias que sufrieron directamente las consecuencias de aquella tragedia.
Al mismo tiempo, como bien mencionáis en vuestro escrito, los derechos fundamentales amparan a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de los procesos judiciales que puedan tener pendientes. En ese sentido, los procesos de selección y contratación de profesorado, también en el caso del profesorado sustituto, están regulados por normativa estatal y autonómica y se tienen que llevar a cabo mediante concurso público que garantice los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y concurrencia competitiva.
Esta actuación no supone, en ningún caso, un pronunciamiento de la UJI sobre los hechos que son objeto de investigación judicial, ni una valoración o apoyo a las actuaciones individuales de ninguna de las personas implicadas. Corresponde a los órganos judiciales determinar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar y confiamos que lo puedan hacer lo más pronto que sea posible. A la Universitat le corresponde actuar, dentro de su ámbito competencial, con respeto estricto a la legalidad y a las garantías propias de una administración pública.
