El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que ha llevado a los tribunales a la Diputación de Castellón y a la Generalitat Valenciana para reclamar una deuda de un millón de euros derivada de la congelación de fondos municipales. La medida se ha producido tras varios intentos de diálogo que, según ha explicado, no han dado resultados.
Benlloch ha afirmado que ha recurrido a la vía judicial “cuando ha considerado que es la manera de garantizar los derechos del municipio después de intentar el diálogo”, y ha recordado que lo ha hecho en gobiernos del PSOE y del Partido Popular. El alcalde ha indicado que el pasado viernes el Ayuntamiento ha ingresado 354.000 euros de una subvención pendiente tras ejecutar judicialmente una sentencia: “Tuvimos que pedir la ejecución forzosa para que el juzgado apretara al señor Pérez Llorca; si no es por vía judicial, no pagan”.
Durante la comparecencia, el secretario general del PSPV de Castellón y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha señalado que el Gobierno de España ha incrementado desde 2018 las transferencias a los ayuntamientos de la provincia, mientras que la Diputación de Castellón y la Generalitat han mantenido congelado el Fondo de Cooperación. Ha destacado que l’Alcora ha recibido en los últimos años 530.000 euros adicionales del Estado, mientras que la aportación provincial se ha quedado invariable, y ha solicitado a la presidenta de la Diputación que haga públicos los incrementos de recursos para otros municipios como la Vall d’Alba.
Falomir ha añadido que la Diputación ha recibido 28 millones de euros adicionales del Gobierno central, que, según sus datos, no se han destinado al Fondo de Cooperación, y ha subrayado que los datos de su partido están avalados por funcionarios habilitados estatales.
Por su parte, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, ha denunciado que la Diputación ha vuelto a actuar como una “oficina de propaganda del PP” y ha indicado que su municipio ha pasado de recibir 6,5 millones a 10,5 millones de euros del Estado. Baños ha criticado el uso partidista de convenios singulares por parte de la Diputación, que, según ha explicado, han beneficiado a municipios gobernados por el Partido Popular, y ha reclamado lealtad institucional y equidad en la distribución de los fondos.
Benlloch ha señalado además que la Generalitat ha gestionado 4.000 millones de euros más de tesorería gracias al Gobierno central, aunque los pagos a los ayuntamientos se han retrasado. Ha indicado que parte de los fondos del Fondo de Cooperación de 2025 se han programado para su cobro: “Mañana recibiremos la primera parte, 190.000 euros, y la otra parte en abril, otros 190.000 euros”.
El alcalde ha concluido que ha estudiado con los servicios técnicos del Ayuntamiento la reclamación de los fondos y que los tribunales serán la vía para exigir su pago: “El Fondo de Cooperación no puede ser discrecional ni caprichoso, y ahora reclamaremos el millón de euros a la Generalitat y a la Diputación”.
