VIVIENDA

La Generalitat cede a Alicante y Castellón derechos para ampliar el parque público de vivienda

Los convenios permitirán a los ayuntamientos ejercer el tanteo y retracto de viviendas protegidas durante cuatro años, con posibilidad de prórroga, consolidando el patrimonio público y facilitando su gestión y adjudicación.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Construcción de un bloque de viviendas
Construcción de un bloque de viviendas | fotocasa.es

El Pleno del Consell ha aprobado suscribir convenios con los ayuntamientos de Alicante y Castellón de la Plana para cederles los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto sobre viviendas de protección pública, de los que es titular la Generalitat. El objetivo es incrementar el parque público de vivienda en estas ciudades.

La Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana regula estos derechos y permite su cesión a los ayuntamientos que soliciten participar en la gestión de viviendas protegidas. La Generalitat ya ha firmado convenios similares con otros consistorios para fortalecer un parque público de vivienda estable y facilitar su puesta a disposición de la ciudadanía.

Con estos acuerdos, la Generalitat busca consolidar su patrimonio público en Alicante y Castellón de la Plana y garantizar la participación activa de los consistorios en políticas de vivienda. Los ayuntamientos, a su vez, podrán gestionar cuestiones como la habitabilidad, licencias y adjudicación de las viviendas a los residentes locales.

Los convenios tendrán una duración inicial de cuatro años, prorrogables por un máximo de otros cuatro años, y no implican contraprestación económica a favor de la Generalitat. Los consistorios se comprometen a informar sobre el estado y evolución de los procedimientos de tanteo y retracto, y, en caso de no ejercer los derechos sobre algún inmueble, lo comunicarán a la Conselleria de Vivienda, que podrá resolver la cesión sobre esos casos concretos.

Los inmuebles adquiridos se incorporarán al patrimonio público de los ayuntamientos como viviendas protegidas de carácter permanente, quedando sujetos al régimen de protección pública sin límite temporal.

Para supervisar la correcta ejecución de los convenios se creará una comisión de seguimiento formada por representantes de la Generalitat y de cada ayuntamiento, además del secretario o secretaria de los consistorios, que actuará como secretario de la comisión. Este órgano evaluará la ejecución de los convenios, informará sobre incidencias y retrasos y emitirá un informe final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.