Otra operación de la Guardia Civil por delitos contra la ordenación del territorio. Esta vez en Mutxamel. 29 personas han quedado en calidad de investigadas por su presunta implicación en un delito relacionado con la construcción de viviendas ilegales en suelo no urbanizable en la partida de Baiona Alta de este municipio.
Tras recibir cierta información, el Seprona con sede en Jijona comprobó que una parcela de 34.000 metros cuadrados, clasificada como suelo no urbanizable, había sido subdividida en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente nuevamente fraccionadas, y que en su interior se habían instalado casas móviles o mobil homes sin contar con ningún tipo de licencia urbanística.
Detrás de esta promoción ilegal se encontraba una mujer de 41 años, que actuaba como intermediaria y que ya contaba con antecedentes por hechos similares. Los compradores habían adquirido un porcentaje o participación del terreno total lo que implicaba también la copropiedad de las subdivisiones ilegales del terreno.
Tras meses de averiguaciones, el Seprona ha investigado a la intermediaria y a 28 personas más, con edades comprendidas entre 26 y 72 años, todos ellos propietarios actuales de las parcelas segregadas ilegalmente.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig, y se han realizado gestiones con la autoridad municipal competente, en este caso el ayuntamiento de Mutxamel.
No se puede donde no se puede
La Guardia Civil ha vuelto a alertar de que adquirir una vivienda ilegal no solo implica la posibilidad de perder el dinero invertido, sino también exponerse a sanciones, órdenes de demolición y graves problemas legales. Además, este tipo de construcciones irregulares carecen de garantías técnicas y urbanísticas, lo que puede ocasionar daños materiales severos y dificultar el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad o el saneamiento.
