El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado la decisión del Consorcio Provincial de Palencia de mantener vigente el contrato con Acciona Servicios Urbanos S.A., después de que la empresa solicitara en 2023 su resolución anticipada alegando un incremento de los costes derivado de cambios normativos. La sentencia, que desestima el recurso de apelación presentado por Acciona, confirma que el Consorcio actuó conforme a derecho al rechazar la petición de la empresa de abandonar el contrato antes de su finalización y supone un respaldo a la defensa de los intereses públicos y a la continuidad de un servicio esencial para los municipios de la provincia.
El procedimiento judicial se inició después de que Acciona solicitara en 2023 al Consorcio poner fin de manera anticipada al contrato que tenía adjudicado para la prestación del servicio de tratamiento de residuos. La empresa argumentaba que determinados cambios normativos, entre ellos los relacionados con la fiscalidad de los residuos, habían supuesto un incremento de los costes que hacía mucho más caro prestar el servicio en las condiciones inicialmente previstas.
Ante esta petición, el Consejo de Administración del Consorcio Provincial acordó el 18 de octubre de 2023 no aceptar la resolución anticipada del contrato, al considerar que no se daban las circunstancias que permitían poner fin al mismo.
Acciona recurrió entonces esta decisión ante los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia ya dio la razón al Consorcio en febrero de 2025, una resolución que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La sentencia dictada el 9 de septiembre de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León desestima el recurso de apelación presentado por Acciona y confirma la decisión adoptada por el Consorcio.
En términos prácticos, el pronunciamiento judicial respalda que la empresa no podía utilizar los cambios normativos alegados para abandonar de forma anticipada el contrato. Por tanto, se mantiene la decisión del Consorcio de exigir el cumplimiento de las condiciones acordadas para la prestación del servicio.
De esta manera, la sentencia permite dar seguridad y estabilidad a la prestación de un servicio básico y fundamental como es el de tratamiento de residuos y asegura su adecuada prestación a los municipios.
