La asociación vecinal EslaVIDA contraria al proyecto de planta de biogás previsto en Vidanes prepara la vía judicial para intentar detener su implantación. Tras las últimas reuniones mantenidas por el colectivo, sus integrantes consideran que la presentación de un recurso contencioso-administrativo es ya la única opción que tienen para tratar de frenar una instalación sobre la que aseguran que no tuvieron información suficiente durante su tramitación.
El colectivo, que cuenta actualmente con cerca de 80 socios, surgió después de que los vecinos conocieran a través de la prensa el proyecto para transformar la actividad que desarrolla una de las empresas instaladas en el polígono de Cistierna, cuyas instalaciones se encuentran en Vidanes, hacia la producción de biogás y biometano.
La asociación sostiene que cuando tuvo conocimiento de la iniciativa ya había concluido el periodo legal para presentar alegaciones. Gonzalo Fernández-Valladares, portavoz de EslaVIDA, reprocha al Ayuntamiento de Cistierna la falta de información previa y aseguran que la mayor parte de los vecinos desconocía tanto la existencia del proyecto como el procedimiento administrativo que se estaba desarrollando.
Tras constituirse, el colectivo ha impulsado movilizaciones, recogidas de firmas y diferentes acciones de protesta. Ahora sus esfuerzos se centran en conseguir los recursos económicos necesarios para contratar a un despacho de abogados especializado en derecho medioambiental y plantear el correspondiente recurso judicial.
“La única vía que nos queda es el contencioso-administrativo”
Desde la asociación reconocen que afrontar un proceso de estas características supone un importante desembolso para un colectivo pequeño. Fernández-Valladares sostiene que la vía administrativa está prácticamente agotada y que acudir a los tribunales constituye en estos momentos su principal herramienta para tratar de paralizar el proyecto.
“La única vía que nos queda en este momento para intentar frenarlo es la vía legal del contencioso-administrativo”, explica. El colectivo considera además que este tipo de procedimientos sitúa a las asociaciones vecinales en una posición complicada por el coste económico que deben asumir.
Temor al tráfico de camiones y a las afecciones sobre el entorno
Los vecinos contrarios al proyecto aseguran que sus objeciones no se limitan a los posibles malos olores asociados a este tipo de instalaciones. Entre sus principales preocupaciones mencionan el incremento del tránsito de vehículos pesados para transportar residuos hasta la planta y posibles consecuencias sobre el agua y el entorno.
La asociación sostiene que una parte importante de los materiales que se tratarían en Vidanes tendría que llegar desde otros lugares, lo que, a su juicio, supondría un aumento significativo del tráfico de camiones que ya circula por la zona. También muestra su preocupación por la gestión posterior de los residuos resultantes del proceso. Son riesgos denunciados por el propio colectivo, mientras que, según reconoce su portavoz, la empresa mantiene que la instalación no provocará esas consecuencias.
El proyecto inicial contempla, de acuerdo con los datos manejados por la asociación, el tratamiento de unas 86.000 toneladas de residuos. Los opositores temen además que, una vez en funcionamiento, la capacidad de la instalación pueda aumentar en el futuro.
A estas preocupaciones suman el posible impacto económico sobre las viviendas y propiedades de los núcleos próximos. La asociación sostiene que la cercanía de una instalación de estas características podría reducir su valor y recuerda que el proyecto estaría situado aproximadamente a un kilómetro del núcleo urbano de Vidanes.
Reclaman plantas vinculadas a los residuos generados en cada territorio
La asociación insiste en que no se opone al tratamiento de residuos ni a la tecnología del biogás en sí misma. Su posición, explica, pasa por defender instalaciones de menor dimensión y vinculadas fundamentalmente a los residuos producidos en el propio territorio.
Como referencia, el colectivo señala modelos existentes en otros países europeos en los que las plantas tienen un volumen inferior y están enfocadas principalmente a gestionar residuos generados en su entorno inmediato. Frente a ello, considera que el proyecto planteado en Vidanes tiene unas dimensiones excesivas para las características de la zona.
Con la vía administrativa superada, la batalla contra la planta se traslada ahora al terreno judicial. La asociación seguirá recaudando fondos para financiar el procedimiento con el objetivo de que los tribunales revisen una tramitación en la que los vecinos consideran que no dispusieron de una oportunidad real para hacer valer sus alegaciones.
