La iniciativa responde a una de las dificultades que afrontan especialmente los municipios de menor población como es la cobertura de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, "fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento jurídico y económico de las entidades locales", según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.
Esta medida es continuación de la colaboración entre instituciones, en concreto con la Junta de Comunidades, con que la ya se desarrolla un programa de formación a través de un máster universitario especifico para secretarios interventores.
Los secretarios interventores desempeñan funciones "esenciales" como la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, la contabilidad, la tesorería y la recaudación.
Por ello, cuando estos puestos quedan vacantes o sus titulares se encuentran temporalmente ausentes, la continuidad de estas funciones puede verse comprometida, especialmente en los ayuntamientos que cuentan con menos medios personales y técnicos.
APOYO DIRECTO
El Gobierno de la Diputación defiende esta propuesta como una herramienta de apoyo directo a los ayuntamientos, al poner los recursos provinciales al servicio de una necesidad que afecta de manera particular a los municipios con menor capacidad administrativa.
La finalidad es facilitarles una respuesta "más ágil y eficaz" ante las situaciones en las que no sea posible cubrir estos puestos con funcionarios de habilitación nacional.
La propuesta establece un procedimiento común al que los ayuntamientos podrán adherirse voluntariamente. De este modo, en lugar de que cada entidad local tenga que organizar de manera individual su propio proceso selectivo, la Diputación se encargará de su gestión material y técnica y pondrá a disposición de los municipios una relación ordenada de candidatos.
El proceso se desarrollará mediante concurso-oposición y estará basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La Diputación asumirá la preparación y organización del proceso, la recepción de solicitudes y documentación, la elaboración y publicación de las listas de admitidos y excluidos, la organización de las pruebas, la coordinación del tribunal de selección y la gestión posterior de la bolsa de candidatos.
El tribunal estará constituido por funcionarios de la Junta de Comunidades, miembros del colegio de secretarios interventores, funcionarios de habilitación nacional y personal de la Diputación.
Una vez constituida la bolsa, los ayuntamientos adheridos podrán solicitar la cobertura de sus puestos cuando exista una vacante, ausencia o cualquier otra circunstancia que permita recurrir al nombramiento de personal funcionario interino.
La Diputación ofrecerá el puesto a los candidatos siguiendo el orden establecido y de acuerdo con su disponibilidad. La propuesta deja expresamente en manos de cada ayuntamiento las decisiones que le corresponden, entre ellas determinar la necesidad de cubrir el puesto, acreditar la existencia de la vacante y su financiación y comprobar que no puede ser cubierto por un funcionario de habilitación nacional.
También será el municipio el encargado de formular la correspondiente propuesta de nombramiento ante la Dirección General de Administración Local de Castilla-La Mancha.
Por tanto, la Diputación no realizará el nombramiento de los funcionarios interinos ni existirá relación laboral entre los candidatos de la bolsa y la institución provincial.
Su función será organizar y gestionar el proceso selectivo común y poner sus resultados a disposición de los ayuntamientos participantes.
Otro de los aspectos destacados de la propuesta es que los municipios no tendrán que asumir obligaciones económicas por su adhesión al programa.
La Diputación afrontará con cargo a su presupuesto los costes derivados de la organización del proceso selectivo y de la gestión de la bolsa. El programa tendrá una vigencia de tres años desde su aprobación y permitirá que los municipios puedan incorporarse durante ese periodo.
Además, si la relación de candidatos se agotara, podrán organizarse nuevos procesos selectivos para garantizar la continuidad de esta herramienta de cooperación provincial.
La iniciativa pretende poner la capacidad técnica y organizativa de la institución provincial al servicio de los municipios para facilitar la cobertura de puestos esenciales y contribuir a garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos locales.
