Una de las principales preocupaciones de la Junta es el impacto que la nueva regulación podría tener sobre proyectos ya avanzados, especialmente aquellos que cuentan con permisos de acceso y conexión obtenidos conforme a la normativa vigente. En este sentido, el Gobierno regional solicita un régimen transitorio flexible que proteja inversiones en marcha y evite cambios retroactivos que puedan comprometer iniciativas estratégicas como el futuro centro de datos de Meta en Talavera de la Reina.
Entre sus alegaciones, Castilla-La Mancha también cuestiona la dureza de algunas medidas previstas, como recargos de hasta el 500 % o la posible pérdida de permisos, proponiendo que las sanciones sean graduales, proporcionadas y acompañadas de mecanismos de subsanación.
Asimismo, el Ejecutivo regional reclama una mayor participación de las comunidades autónomas en la aplicación de la normativa, dado que estos proyectos afectan a competencias como urbanismo, industria, medio ambiente, agua o planificación territorial.
Por último, la Junta defiende que los indicadores de eficiencia energética y consumo de agua tengan en cuenta las diferencias climáticas entre territorios para evitar desequilibrios que puedan perjudicar la implantación de inversiones tecnológicas en las regiones del interior. Según Padilla, el objetivo es lograr una regulación sostenible y exigente, pero también equilibrada, segura y compatible con el desarrollo económico.
