Así lo ha testificado en el juicio celebrado este martes en el que se le acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente junto al exconcejal de Medio Ambiente, Manuel Martín-Gaitero, al alcalde de Membrilla, Manuel Borja (PP), y a su concejal de Medio Ambiente, Trinidad Alcaide Jiménez.
También están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente los administradores mercantiles de Bodegas Yuntero, Félix Cano, de Bodegas Rezuelo, Agustín Fuentes, y de Bodegas Don Quijote, Santiago Cantenero.
En concreto, y según el escrito en el que la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y al que ha tenido acceso Europa Press, se pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro representantes del PP por unos hechos ocurridos entre mediados de 2013 y 2014.
Los hechos apuntan a vertidos vinícolas producidos en las campañas de vendimia en 2013 y 2014 que afectaron a las Tablas de Daimiel. Se trataría de vertidos ilegales de dos cooperativas que afectaron al parque nacional.
López De la Manzanara ha abierto el juicio respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y ha dicho que entre 2011 y 2015, durante su mandato, la empresa Acciona, contratada desde 2008, fue responsable del control de los vertidos.
"Recuerdo que no podíamos sancionar a ninguna bodega porque no había reglamento de vertidos", ha dicho añadiendo que desconocía si los parámetros en los vertidos eran elevados.
Además, ha asegurado que hasta fecha de los hechos "la depuradora era la mejor de Castilla-La Mancha" y que hasta 2013 "las cosas funcionaban con normalidad".
Tras las declaraciones del exalcalde, Martín-Gaitero ha coincidido con De la Manzanara en que "efectivamente, se trataba de la mejor depuradora" y que estuvo presente en las inspecciones realizadas por el Seprona en 2013 y 2014.
El exalcalde, por su parte, ha asegurado que supieron que "algo no iba bien", tras la inspección de 2013. "Nos enteramos a toro pasado, días después de la primera toma de muestras".
Estas inspecciones ocurrieron cuando el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal.
Según la Fiscalía, esto ocurrió sin que los alcaldes del PP de los dos municipios afectados, ni sus concejales de Medio Ambiente, pidieran informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar vertidos ni tampoco le exigieron a las empresas de las que provenían que los trataran previamente.
Además, considera que se causaron daños por más de 71.000 euros en la calidad de las aguas del dominio hidráulico por lo que pide que se condene a estos cuatro acusados, así como a los responsables de las dos cooperativas a los que también se acusa, que abonen esa cantidad a la Junta de Comunidades.
El abogado de la defensa de López de la Manzanara y de Martín-Gaitero, Jesús Velascoín, asegura que no hay base para sostener la acusación y cree que existe un trasfondo político en este caso.
Dice que los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla desconocían los vertidos de las bodegas y cree que ambos consistorios hicieron lo correcto y no actuará con pasividad.
