Las primeras declaraciones acordadas por la jueza que investiga el accidente de la pasarela costera de El Bocal, en Santander --donde el pasado 3 de marzo fallecieron seis jóvenes tras colapsar la estructura de madera y caer al mar-- han empezado este viernes en torno a las 9.30 horas, tal y como estaba previsto, con la asistencia de personas citadas a declarar y representantes de las partes personadas, trece en total, después de haberlo hecho también el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, han confirmado fuentes judiciales.
Se trata de uno de los dos funcionarios de la Demarcación de Costas -el otro es el responsable de Servicio de Proyectos y Obras- contra los que la magistrada ha acordado dirigir acción penal al considerar que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la estructura siniestrada.
Además, lo largo de su declaración, la situación procesal de la gestora del 112 ha pasado de testigo a investigada, con el fin de garantizar su derecho de defensa, lo que implica, entre otros, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado.
Primeras comparecencias
Las comparecencias, que se han prolongado durante poco más de tres horas y media en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, han comenzado con el llamamiento de testigos y de la investigada que deben declarar esta jornada ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander. Se celebran a puerta cerrada y han concluido minutos antes de las 13.10 horas.
En total, y hasta ahora, se han personado trece partes en este procedimiento, de las que ocho corresponden a los siete jóvenes afectados por la tragedia (la superviviente y familiares de las seis víctimas mortales, una de las cuales tiene a dos representantes legales en la causa).
También están personados, y además de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) -ambas instituciones como interesadas pero también como posibles responsables civiles-, el jefe de la Demarcación, el último en sumarse al procedimiento, y la agente de la Policía Local que en un principio fue la única investigada, por no gestionar ninguna incidencia tras el aviso del mal estado de la pasarela el día antes de que se rompiera y hundiera.
