El Ayuntamiento de Santander ha pedido a la jueza que instruye la causa de El Bocal que cite en calidad de investigado, y no como testigo como está previsto que lo haga este viernes 24, al ingeniero industrial que firmó el proyecto de construcción de la pasarela siniestrada el pasado marzo, causando la muerte de seis jóvenes.
Así lo ha confirmado este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), a preguntas de los medios de comunicación, tras haberlo adelantado El Diario Montañés.
Según ha indicado Igual, se trata de una medida "puramente jurídica" que se considera "beneficiosa" para poder "conocer la verdad" y "exponer todas las dudas o preguntas" que tiene, "no solo el Ayuntamiento, sino también los santanderinos y las familias de las víctimas", de lo ocurrido el pasado 3 de marzo, día en que esta pasarela, que forma parte de las infraestructuras de la senda costera, colapsó, cayendo al mar y a las rocas siete jóvenes que se encontraban sobre ella, de los que seis fallecieron y otra resultó herida de gravedad.
"Hay diferencias jurídicas entre que alguien vaya de testigo o alguien vaya imputado también para poder elaborar esas preguntas que los jurídicos y nuestro departamento jurídico quiere hacer", ha indicado la alcaldesa, que ha señalado que esta solicitud "no es nada político".
Decisión tras conocer el informe pericial
La petición del Ayuntamiento, personado en la causa como posible responsable civil, llega después de que el informe del perito judicial designado por la jueza instructora concluyera que la pasarela colapsó por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que causó un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias de la estructura de madera sobre vigas principales.
Además, indicaba que "no hay constancia de la existencia de un plan de mantenimiento" de la pasarela, construida en 2014, y que el mantenimiento realizado fue "insuficiente", en tanto que "la labor de inspección fue negligente, si es que se llegó a hacer".
Señalaba que, de haberse realizado, entonces los "deterioros", especialmente los de los herrajes, se habrían "detectado y se hubiera propuesto una actuación de mantenimiento sobre las mismas que hubiera evitado el siniestro".
Respecto a la intervención de la Demarcación de Costas, en julio de 2024, determinó que la reparación acometida abarcó "las barandillas" del puente, pero "no se realizó ninguna actuación sobre la estructura de madera, ni sobre los herrajes, ni sobre la tornillería de las uniones estructurales".
Y en relación a los materiales empleados, apuntó que los herrajes de sujeción de las vigas secundarias de la estructura siniestrada deberían ser "de acero inoxidable", de un tipo concreto por la cercanía al mar -pero "no de acero galvanizado como figuran en el proyecto".
"Los herrajes de apoyo de las vigas secundarias y primarias presentan signos evidentes de corrosión", afirmó el perito en su informe, en el que precisó que si bien "este deterioro puede no resultar visible para un usuario normal" de la pasarela, "sin duda alguna no habría pasado desapercibido en una inspección visual bajo el tablero del puente, o por un costado del mismo".
En este sentido, señala que en los proyectos se hace referencia a la necesidad de dar un tratamiento a la madera con "lasur" -recubrimiento para protegerla y preservarla, especialmente en exteriores- de forma "periódica", cuando "el uso lo aconseje" y en un plazo que "no debería nunca superar los cuatro años".
Sobre diferencias entre la estructura proyectada y la ejecutada, el perito destaca una relacionada con los rastreles, un "pequeño cambio" pero "muy relevante", pues de haberse ejecutado en una sola pieza -como estaba diseñado- de diez metros de longitud en vez de divididos en dos -como se hicieron- la rotura habría sido entonces "un poco más lenta" y "menos brusca".
