La consejera de Turismo y Empleo de Canarias, Jéssica de León, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han presentado este miércoles el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, por la que se dotará a los ayuntamientos de herramientas para planificar y ordenar el uso turístico de viviendas.
Así lo ha informado le Consejería del área, que agrega que de León avanzó que serán los ayuntamientos quienes establecerán los límites, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, e indicó que "no se trata de prohibir y sí de planificar y ordenar".
Serán los municipios que tengan desarrollados o desarrollen sus planes urbanísticos los que puedan articular medidas para hacerlo de una forma más eficiente
El ejecutivo insiste en que "solo podrá haber vivienda vacacional cuando el planeamiento urbanístico diga que puede haberlo".
De León hizo especial hincapié en que "con la nueva ley una parcela residencial no va a permitir el uso exclusivo de hospedaje en ninguna modalidad de alojamiento turístico".
Además, señaló que "esto supondrá un cambio respecto a la regulación actual, que no establece límites cualitativos ni cuantitativos, y donde cualquier vivienda de los 1,78 millones que hay en Canarias puede destinarse a este fin con una declaración responsable".
Por eso, "esta ley busca el equilibrio entre el derecho a la vivienda, el de libertad de empresa, el de todos los canarios a preservar su identidad, su medioambiente, sus ciudades, sus pueblos y el de los 54.284 propietarios de viviendas vacacionales a tener una renta adicional", apuntó.
El 90% de la edificalidad residencial será domicilio permanente
Por esta razón, la nueva norma establece, con carácter general y flexible, que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%.
De igual modo, dentro de la hoja de ruta que se ha marcado la Consejería se encuentra la de proporcionar herramientas a los ayuntamientos que les permitan adecuar su normativa urbanística y delimitar dónde quieren esas viviendas.
Con ese objetivo, el Gobierno de Canarias pondrá a disposición de las corporaciones locales el Cuadro de Mandos de la Vivienda Vacacional, una herramienta digital que permite consultar en tiempo real y de forma georreferenciada la evolución de esta modalidad alojativa.
La consejera explicó que "se estudia y prepara una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores para el acceso al registro turístico por vía telemática, con el fin de coordinar la información, la inspección y el control de la actividad".
Cuando los ayuntamientos no hayan especializado los usos no podrá haber vivienda vacacional
El anteproyecto fija las razones por las que se puede habilitar el uso de hospedaje. En este sentido, Rodríguez agregó que "será necesario acreditar que el municipio dispone de suelo suficiente para vivienda permanente, que no está afectado por las normas de mercado residencial tensionado; será imprescindible también argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar indicadores de sostenibilidad".
También resaltó que "si la administración local permanece cinco años sin efectuar actuación alguna, se aplicará subsidiariamente unas normas que emanan del anteproyecto de ley del Gobierno autonómico, como ocurre en ciudades como Donosti o Madrid".
Las viviendas destinadas al uso vacacional y/o turístico deberán cumplir requisitos mínimos de sostenibilidad, calidad y competitividad.
El texto normativo incluye también que las viviendas de nueva construcción deberán destinarse como mínimo diez años a un uso residencial, antes de solicitar su comercialización como vivienda vacacional.
Rodríguez aseguró que el inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable, que deberá ir acompañada de una memoria técnica de actividad clasificada, así como de una cédula urbanística, y no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO).
