La coalición Menorca al Senat ha presentado un conjunto de propuestas para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda en Menorca y garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de un hogar digno y asequible.
La candidatura progresista considera que la solución a la crisis habitacional pasa por actuar en dos direcciones: construir más vivienda pública y asequible e intervenir en el mercado para frenar la especulación y proteger a las personas más vulnerables.
Entre las principales medidas figura la creación de un parque público estructural de vivienda, mediante un programa plurianual con objetivos concretos que permita aumentar la construcción de viviendas de protección oficial, tanto de alquiler como de compra. También propone facilitar el desarrollo de suelo urbanizable que incluya reservas para vivienda protegida y promover colaboraciones público-privadas para construir inmuebles destinados a residencia permanente, con una rentabilidad limitada y criterios de interés general.
La coalición también apuesta por impulsar modelos alternativos de acceso a la vivienda, como las cooperativas y la cesión de uso, poniendo a disposición suelo público, financiación y apoyo técnico.
En cuanto a la compra de la primera vivienda, plantea facilitar el acceso mediante financiación pública de parte del crédito hipotecario a interés cero o ayudas directas. Los inmuebles adquiridos a través de este programa tendrían un precio de venta limitado para evitar operaciones especulativas.
Otra de las propuestas consiste en gravar fiscalmente la compra de viviendas por parte de empresas, eliminando las ventajas fiscales de las personas jurídicas en el régimen fiscal de las Illes Balears, con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades frente a los compradores particulares.
Regulación del alquiler y protección de las personas vulnerables
En materia de alquiler, Menorca al Senat defiende aplicar la regulación de las zonas tensionadas para limitar las subidas de precios, incentivar los contratos de larga duración mediante bonificaciones fiscales de hasta el 90 % en el IRPF y aumentar los recursos estatales destinados a políticas de vivienda.
Asimismo, propone crear un programa de alquiler con seguro público frente a posibles impagos y para garantizar el mantenimiento de los inmuebles, a cambio de establecer precios asequibles adaptados a los salarios de Menorca.
La protección de las personas vulnerables ocupa también un lugar destacado en el documento. La candidatura plantea suspender los desahucios de personas sin alternativa habitacional en determinados procedimientos promovidos por entidades dedicadas a adquirir inmuebles o carteras de créditos hipotecarios impagados.
Además, propone aplicar mecanismos de expropiación temporal por interés social sobre viviendas desocupadas de grandes tenedores, de acuerdo con las herramientas previstas en la Ley 5/2018, así como impulsar un programa extraordinario de apoyo a la demanda de vivienda para personas vulnerables, financiado por el Estado y las comunidades autónomas.
La coalición considera necesaria una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que proporcione estabilidad y garantías tanto a propietarios como a inquilinos, y permita que el alquiler sea una solución residencial de larga duración, con precios y condiciones dignas.
