Tras cuatro años de investigaciones, el juez determinará contra quiénes de los inculpados, entre ellos los Duques de Palma, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
Con esta resolución -contra la que cabe interponer recurso-, Castro dará asimismo paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tres delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.
Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
