El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha negado este martes que la paralización de desahucios que ha ordenado en la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) vaya a suponer un menoscabo del patrimonio público.
En el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Zapico ha respondido a dos preguntas sobre este asunto. Una formulada por la diputada del PP Susana Fernández y otra por el parlamentario de Vox Javier Jové. Fue hace quince días cuando Zapico anunció la medida de paralizar todos los desahucios que dependen de Vipasa y de allanarse en los procesos en curso.
"Que nadie se alarme y que nadie se asuste, que aquí no va a haber un menoscabo al patrimonio público", ha respondido Zapico, señalando que lo que está haciendo el Gobierno asturiano es cumplir con la actual ley de Vivienda.
Ha comentado el dirigente asturiano, que hay establecidos requisitos, como que sea la vivienda habitual y que se trate de personas en riesgo de vulnerabilidad. A partir de ahí, la ley establece que tiene que haber un procedimiento de conciliación, algo que no se estaba haciendo.
Además, el dirigente asturiano ha anunciado que en un breve plazo de tiempo se va a recuperar el departamento social de Vipasa "porque hay un alto porcentaje de inquilinos que son personas vulnerables que necesitan de esta figura" y porque servirá poder tener una "comunicación ágil" con otras administraciones.
La diputada del PP Susana Fernández ha mostrado su preocupación con una medida, ya que puede incentivar el hecho de que otros usuarios dejen de pagar la renta.
Desde Vox, Javier Jové se ha mostrado muy preocupado por las consecuencias de la medida. "Cree que va a haber inversores que van a arriesgarse a construir viviendas públicas sabiendo que los inquilinos pueden dejar de pagar y que encima van a ser protegidos por el gobierno y que no van a poder ejercer sus legítimos derechos como propietarios?", se ha preguntado.
EDUCACIÓN
La sesión plenaria de este martes, de control al Gobierno, también ha servido para que el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) haya preguntado a la consejera de Educación, Lydia Espina, sobre las actuaciones que estaba llevando a cabo para lograr un gran pacto por la educación en el Principado de Asturias.
"Siempre hemos mantenido una posición de diálogo, de escucha activa y de total mano tendida a toda la comunidad educativa, a todos los que conformamos la comunidad educativa", ha respondido Espina, insistiendo en que esa voluntad de diálogo permanente "continuará a lo largo de toda la legislatura".
"Es el momento de un pacto por la educación asturiana", ha añadido la dirigente asturiana, animando a todos los partidos políticos a sumarse al acuerdo.
RESIDUOS
En otro orden de cosas, el diputado del PP Rafael Alonso ha preguntado a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, sobre el coste a repercutir a los asturianos por la gestión de residuos.
"Son los ayuntamientos los que deciden el modelo de gestión a aplicar, y al ser distinto se pagan tasas diferentes en función del municipio", ha respondido.
Alonso, ha pedido a Roqueñí explicaciones sobre al tarifa que impone el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), que preside Roqueñí, a los ayuntamientos. "Mi temor es que ustedes intenten, por la puerta de atrás, convertir La Pereda en esa gran incineradora", ha añadido Alonso en su intervención, en referencia a la planta de Hunosa.
"El modelo de gestión que tienen los ayuntamientos influye y mucho en el coste y en la tarifa que pagan los ciudadanos", ha insistido Roqueñí, que ha dicho que Cogersa tiene unas economías de escala que permite que todos los residuos que los ayuntamientos entregan de forma separada tengan un coste cero para ayuntamientos y ciudadanos.
