La Consejería de Salud tramitó el año pasado 3.370 expedientes del documento de instrucciones previas (DIP), más conocido como testamento vital, lo que supone un crecimiento del 128% (1.893 solicitudes más) respecto a 2022. La descentralización progresiva de este trámite, que se puede realizar en la red de centros y servicios de atención primaria, así como en el registro de la propia consejería, ha contribuido al aumento de estos expedientes, el 85% de los cuales se cursaron a través de las ocho áreas sanitarias.
La labor realizada por las trabajadoras sociales ha contribuido también de forma importante al aumento de este tipo de disposiciones, que suman en la actualidad 11.461 custodiadas en el registro autonómico, han indicado desde el Principado a través de nota de prensa.
El documento de instrucciones previas es un escrito por el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta de forma anticipada su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de salud, así como el destino de su cuerpo o de sus órganos tras su muerte, para que esos deseos se cumplan cuando no se encuentre en condiciones de expresarlos personalmente.
Salud cuenta, además, con una campaña informativa actualmente en marcha sobre el testamento vital para animar a todas las personas a reflejar de manera autónoma sus preferencias, deseos y prioridades acerca de sus propios cuidados en el final de la vida.
Reflexiona, decide, registra es el lema elegido para esta iniciativa, con la que el Observatorio de la Muerte Digna pretender acercar el documento a toda la ciudadanía. La iniciativa cuenta con vídeos divulgativos, cartelería y folletos informativos, con el fin de que las personas conozcan cómo pueden ejercer sus derechos en el final de la vida.
El testamento vital permite a los profesionales sanitarios, a las familias y al entorno cuidador conocer las preferencias de cada persona, lo que facilita la toma de decisiones, al tiempo que protege la dignidad individual, especialmente ante una enfermedad o la muerte.
Para su formalización, es necesaria una reflexión sobre los cuidados y tratamientos que se quieren recibir cuando ya no se pueda decidir. Los profesionales del ámbito de la salud pueden ayudar en ese proceso, promoviendo la participación y el reconocimiento de la autonomía de las personas.
