“El proyecto no es un capricho, responde a una demanda de hace décadas por los problemas de turbidez y, ahora también, de escasez de agua”, afirmó el edil, quien destacó la inversión cercana a los 9 millones de euros.
Sobre las críticas vecinales, explicó que la ubicación del depósito está condicionada por factores técnicos. “El depósito juega un papel muy importante por el problema de la cota; si lo movemos, puede perder funcionalidad en el sistema”, indicó.
Fernández también quiso aclarar el impacto en los terrenos: “En ningún momento se expropia la propiedad de la servidumbre; las fincas seguirán teniendo uso agrícola”, señalando que solo se ocuparán los espacios estrictamente necesarios para el depósito y el vertido de materiales. Preciso que mantiene reuniones con la directora de la concentración parcelaria para reajustar las pistas por el discurrir de la tubería para minimizar efectos, algo que asegura va por buen camino.
Asimismo, defendió que el proceso se ha desarrollado con transparencia. “Se siguió todo el procedimiento legal y se informó a los vecinos; incluso se mantuvieron reuniones con técnicos de Cadasa para explicar el proyecto”, aseguró.
Por último, reconoció que una posible judicialización podría afectar al desarrollo de la obra, aunque insistió en que “la ubicación elegida es la más adecuada desde el punto de vista técnico”.
