De esta forma y tras conseguir el control de la vivienda, los investigados buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria. Después, formalizaban estas operaciones con documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos.
Se trataba así de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas utilizando identidades usurpadas y abundante documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Los investigados llegaban incluso a obtener documentos notariales utilizando identidades usurpadas. Además, canalizaban el dinero obtenido también mediante cuentas bancarias con identidades falsas. La investigación ha permitido esclarecer una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros.
