Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la organización falsificaba contratos de arrendamiento, así como, facturas o reservas hoteleras, entre otros, así como los informes periciales caligráficos llevados a cabo al efecto, concluyeron que gran parte de la documentación habría sido confeccionada por una misma persona, evidenciando de este modo una producción sistemática y centralizada de documentos destinados a ser incorporados a los distintos expedientes administrativos para la obtención de las diversas tarjetas de residencia.
La investigación dió inicio al detectar los agentes abundante documentación que hace sospechar a los mismos de estar ante los posibles delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental.
Un abogado, cuyo despacho se encuentra en Sevilla y "la jefa" de la organización, a la que los investigadores han atribuido funciones de captación, coordinación y control, han estado en el punto de mira de los agentes, desde el inicio de la investigación que dio lugar al desarrollo de la operación Boni.
En este contexto, la documentación que se ha obtenido e intervenido durante el desarrollo de la operación policial, ha permitido detectar numerosos indicios de fraude al ser analizada y estudiada por los agentes, ya que evidenciaba el intento fallido de acreditar relaciones de convivencia inexistentes, entre personas que ni siquiera se conocían.
Asimismo, la investigación ha permitido comprobar como los implicados cobraban entre 7.000 y 10.000 euros a los ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, para regularizar de manera ilegal su situación administrativa en España, mediante la obtención fraudulenta de tarjetas de residencia obtenidas mediante la aportación de documentos falsos. Hasta el momento, 24 personas han sido detenidas.
