El fútbol está pendiente de que el gobierno autorice la realización de test masivos a sus futbolistas que, en razón de uno diario, llenará este deporte de seguridad en los contagios y si estos se producen poder aislar lo antes posible al jugador. Hoy hablaremos de todo esto y del posicionamiento de las peñas de un club de primera división, el Alavés, que se han pronunciado contra la vuelta del fútbol a toda costa y cualquier precio. Los aficionados babazorros también se han opuesto al privilegio de los test masivos para el fútbol.

Esta mañana ha tenido lugar una reunión telemática entre la secretaria de Estado para el deporte, Irene Lozano y el presidente de AFE, David Aganzo. Lozano ha trasladado al representante del sindicato de jugadores que aún no hay fecha para el comienzo de los entrenamientos porque aún no se conoce cuándo se podrán llevar a cabo las pruebas de los test PCR que se le deben practicar a los futbolistas, según el protocolo establecido por la Liga de Fútbol Profesional y que este, en todo caso, debe ser aprobado por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto todavía queda tiempo para la vuelta del fútbol.

Cada vez se alzan más voces contra la vuelta precipitada al trabajo futbolístico. No sólo lo dicen ya los jugadores y técnicos sino también dirigentes de clubes como el que hoy hemos escuchado en nuestro programa, el adjunto presidencial del Real Valladolid David Espinar. Hay que esperar, como mínimo según dicen, a que existan test para los sanitarios que nos cuidad, han dicho de forma generalizada. Hay que esperar, pues, para el reinicio de la competición.

Ningún futbolista ha dado aún el ok al protocolo propuesto por la Liga de Fútbol Profesional ni al calendario para la vuelta al trabajo y posteriormente a la competición para finalizar los diferentes campeonatos. Los jugadores tienen claro, en general, que aún es muy pronto para la vuelta al tajo, cuando todos los días hay centenares de muertos en España y no se detiene la cifra de contagios, para volver a entrenar. Ya hay voces que se alzan contra los test que tiene preparados la Liga. Hay quien no se fía de ellos y se remite a Sanidad para ser evaluados. En definitiva, el lío es impresionante y nadie se atreve a garantizar qué es lo que va a ocurrir con todo esto.

Los futbolistas siguen de mano en esta situación que estamos viviendo en la vida y también en el fútbol. Para una vez que se ponen de acuerdo Liga de Fútbol Profesional y Federación en algo, los jugadores han parado los pies y echan agua fría a los intentos de comenzar a entrenar en mayo y comenzar a jugar en junio. El sentir más generalizado en las plantillas es que no van a mover ni un sólo dedo hasta que no lo autoricen las autoridades sanitarias, por encima de lo que determinen los estamentos deportivos, incluido el Consejo Superior de Deportes. Por lo tanto el fútbol se reanudará cuando lo digan los futbolistas, es obvio.

AFE, Asociación de Futbolistas Españoles, se reúne esta tarde con la representación de jugadores de primera división para tomar una postura definitiva de cuándo y cómo volver al trabajo. Ellos tienen la última palabra y serán los que digan si se juega y en qué condiciones se hace. Esperemos acontecimientos ante una previsión que inicialmente envía el comienzo de los entrenamientos a la semana entre el 4 y 11 de mayo, el comienzo de la competición para el fin de semana del 11 de junio, el final de la misma en primera división el 31 de julio y las eliminatorias europeas se sustanciarían durante el mes de agosto.

Al fútbol español lo ha tenido que poner de acuerdo el Consejo Superior de Deportes. Este fin de semana la secretaria de estado Irene Lozano ha reunido durante 9 horas al presidente de la Federación Española Luis Rubiales y al de la Liga, Javier Tebas para alcanzar un acuerdo definitivo de fechas que aún no ha trascendido, que dependerá en todo caso del permiso de las autoridades sanitarias. De ello dependerá el comienzo del trabajo previo de pretemporada. Lo que se estima es que ese comienzo pueda llevarse a cabo entre inicios y mitad del próximo mes de junio. También se acordó la creación de un fondo de solidaridad con los deportes y deportistas más vulnerables de 10 millones de euros.

Carlos Fernández, el máximo goleador esta temporada en el Granada CF, con 8 tantos, es jugador propiedad de Sevilla FC, que aún no se ha pronunciado pero será difícil poderlo retener en nuestra ciudad a tenor de la gran temporada que está cuajando en el conjunto rojiblanco. Hoy también en nuestro programa hablaremos con un sevillista que ha compartido colores con nuestro club durante 4 temporadas, Antonio Álvarez. El llegó a jugar hasta los 40 años y fue un ejemplo de profesionalidad y pundonor.

El Granada CF, al igual que buena parte del fútbol profesional español, prevee pérdidas esta temporada con motivo de la pérdida de ingresos tanto de televisión como de venta de merchandising, publicidad y taquillas. A pesar de eso el club rojiblanco devolverá la parte correspondiente de los abonos no consumida a sus aficionados si finalmente, como todo apunta, lo que resta de liga tiene que disputarse a puerta cerrada, en el mejor de los casos. Es una medida correcta que ayer fue anunciada por el director general Antonio Fernández Monterrubio. El mandatario además reconoció que nadie conoce lo que va a suceder con el resto de la competición. También recordó que en el ERTE que la entidad granadina va a llevar a cabo con parte de su plantilla de trabajadores existirá una compensación en sus nóminas, de la parte de perjuicio que se produjera tras el pago llevado a cabo por el gobierno.

Se ha hecho esperar pero finalmente ha habido fumata blanca esta misma mañana para la firma del acuerdo entre la dirección del club rojiblanco y la plantilla del primer equipo, que supone una rebaja del 19% en caso de que no se pueda volver a jugar lo que resta de temporada (11 partidos) y sólo del 1% en caso de poder hacerlo para concluir el campeonato, aunque sea a puerta cerrada. El club cede por una parte y gana por otra, sobre todo con el ERTE, que afectará a los más de doscientos trabajadores de la institución, que durante dos meses pasarán a cobrar el 75% de sus nóminas a costa del erario público.