Las declaraciones de los investigados en el denominado caso Mascarillas se reanudan este jueves. La causa analiza un presunto desvío de fondos públicos a través de contratos con la Diputación de Almería. Entre los citados figura el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, junto a su hijo, ambos vinculados a empresas relacionadas con la trama y familiares del exvicepresidente tercero de la institución provincial, Óscar Liria.
La comparecencia del exregidor del Partido Popular ante el juez instructor, José Manuel Rey Bellot, está prevista a partir de las 9:30 horas. En la misma jornada también declararán dos empresarios relacionados con las sociedades Pulconal SL y OYC Servicios Urbanos, investigadas por supuestas adjudicaciones irregulares tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Fines.
Los investigadores situaron por primera vez al primo y al tío de Óscar Liria en el foco durante la primera fase de la operación, desarrollada en junio de 2021. Entonces se detuvo al exvicepresidente y se registró su vivienda, además de vigilar otros inmuebles familiares. Ese mismo 15 de junio, un agente de la UCO observó a Rodrigo Sánchez Simón y a su hijo salir del domicilio del padre de Liria transportando una caja con 119.950 euros.
Posteriormente, en noviembre del año pasado, ambos fueron detenidos de nuevo en la segunda fase de la operación, que también implicó al expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y al exvicepresidente segundo, Fernando Giménez.
Según la UCO, existen indicios de que el tío y el primo de Liria participaron en un plan diseñado para desviar fondos públicos mediante intermediarios. En este contexto, se les vincula con la creación y funcionamiento de OYC Servicios Urbanos, una empresa que, según la investigación, habría desarrollado una actividad simulada con el objetivo de obtener contratos públicos, aprovechando la posición institucional de Sánchez Simón como alcalde.
La investigación se remonta a enero de 2016, cuando Óscar Liria asumió el cargo de diputado provincial de Fomento, posición que le permitía gestionar contrataciones de obras y servicios. La Guardia Civil sostiene que este puesto se habría utilizado para beneficiar económicamente tanto a él como a su entorno.
Entre 2020 y 2024, la empresa OYC obtuvo contratos por más de 1,12 millones de euros, algunos de ellos considerados fraudulentos, procedentes de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines. No obstante, los investigadores creen que el control real de la sociedad por parte de padre e hijo se ejercía desde al menos 2017 a través de terceros.
Además de OYC, ambos habrían gestionado otras sociedades, como Gesa Andalucía 2004 SL, que, según la UCO, sirvieron para canalizar fondos y patrimonio de presunto origen ilícito mediante distintas operaciones comerciales.
Por su parte, el primo de Liria también aparece relacionado con la empresa Al Miraya Gestión, que habría facilitado la adquisición de vehículos de alta gama con fondos públicos, uno de ellos supuestamente destinado como regalo a la pareja del entonces vicepresidente.
Tras los arrestos del 18 de noviembre, el exalcalde de Fines anunció su dimisión pocos días después. En un comunicado dirigido a la ciudadanía, negó tajantemente las acusaciones de cobro de comisiones ilegales en contratos públicos y aseguró que “la verdad saldrá a la luz”.
