La asociación profesional Jucil ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Secretaría de Estado de Seguridad que frenen la disolución del Puesto Principal de Roquetas de Mar, prevista para el próximo mes de diciembre. La organización considera que no deberían ejecutarse los cambios hasta que exista una resolución judicial definitiva sobre la orden que dio origen a esta reorganización.
En concreto, Jucil pide esperar a que el Tribunal Supremo decida si admite a trámite el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que cuestionó la justificación jurídica y los estudios previos utilizados para impulsar la creación de la Comisaría de Policía Nacional en Roquetas.
Entre sus reivindicaciones figura conservar la actual plantilla, las plazas y los destinos de los agentes. También solicita suspender los ceses, los traslados, las comisiones de servicio y la redistribución de efectivos mientras no se resuelva el procedimiento judicial.
La asociación reclama, además, que se informe con antelación a los guardias civiles afectados sobre cualquier decisión y que se aclare si se mantienen las fechas del 1 y el 15 de diciembre para iniciar los movimientos de personal vinculados a la implantación de la Policía Nacional en el municipio.
Jucil también ha solicitado una reunión urgente con el general jefe de la Zona de Andalucía para abordar el futuro del puesto antes de que se adopte cualquier medida. La organización advierte de que recurrirá a las vías administrativas y judiciales necesarias para proteger tanto la continuidad de la Guardia Civil en Roquetas como los derechos de sus agentes.
Por su parte, el subsecretario general de Relaciones Institucionales de Jucil, Rafael Maldonado, ha criticado duramente la gestión de la Dirección General, a la que acusa de actuar sin transparencia ni empatía. A su juicio, los agentes están siendo tratados como «meros números» y no como profesionales afectados por una decisión que repercute directamente en sus vidas.
