Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz, y su pareja sentimental, declaran en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. Ambas están investigadas por un presunto delito de amenazas a Patricia Ramírez, la madre del menor. Quezada asesinó al pequeño Gabriel en 2018; en ese momento era la pareja del padre del niño y desde entonces cumple prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).
Tanto Ana Julia como su pareja comparecerán por videoconferencia. La causa empezó el pasado 31 de diciembre cuando Patricia Ramírez interpuso una denuncia alertando de supuestas amenazas de muerte recibidas desde prisión. También está previsto que ella declare, así como un ciudadano en calidad de testigo, si bien estas declaraciones serán presenciales. Aunque en un principio la causa había sido archivada, se ha reabierto tras nuevas pruebas.
Ya han declarado varias internas que han presenciado o han tenido constancia de las amenazas. Una de ellas ha asegurado que Quezada manifestó su intención de "matar" a Patricia Ramírez por haber "boicoteado" un documental que iba a grabar desde prisión.
El juez también ha ordenado tomar declaración a otras internas mencionadas por una de las que ya han declarado, así como a una tarotista que habría estado en contacto con la pareja de Quezada. Creen que esta persona podría haber actuado como intermediaria entre ambas.
El procedimiento se reactivó a raíz de una denuncia presentada en 2024 por la propia Patricia Ramírez, después de recibir un testimonio de una interna que coincidió con Quezada en prisión. Esta testigo aseguró haber escuchado amenazas explícitas dirigidas a la madre del menor por haberle "boicoteado" el documental que pretendía grabar.
Aunque al principio el caso fue archivado, al final, ha quedado reabierto para la práctica de pruebas tras un recurso de la acusación. De hecho, la abogada de Ramírez, Verónica Guerrero, sostiene que la pareja de Quezada pudo actuar como intermediaria en la transmisión de las amenazas, motivo por el que solicitó expresamente su citación judicial como investigada.
Patricia Ramírez reclama protección a las instituciones porque tiene miedo
El pasado 7 de mayo desde un pabellón de la Diputación de Almería y visiblemente emocionada relató su periplo por la justicia sin obtener amparo: "No puedo hacer llegar las pruebas que tengo, no me hacen caso". Además, denunció que se sentía desamparada y desprotegida: "Tengo miedo. Pido que me protejan".
Aseguró que se había planteado "tirar la toalla completamente" después de implorar ayuda a la Justicia durante un año y no obtener respuesta. El 27 de diciembre de 2023 puso en conocimiento del Ministerio del Interior que Ana Julia mantenía relaciones sexuales con funcionarios, disponía de móviles dentro de prisión para grabar el documental y dinero.
Durante 2024 recibió información que le aseveraba que el abogado de Quezada también "está metido" en todo esto. Denunció a la UCO, sin lograr respuesta, y a un juez, que tampoco le ayudó. Es en diciembre de 2024 cuando se entera de que Ana Julia había manifestado sus deseos de matarla, mientras que en febrero de 2025 salió una nota que decía que mostraba un "comportamiento ejemplar".
Como pasaron los meses sin ayuda -le llegaron a decir que denunciara de nuevo, cuando la realidad es que no le estaban informando de si avanzaba o no la investigación- decidió convocar una rueda de prensa para explicarlo públicamente y exigir un pacto de Estado para poner límites éticos y legales a la producción de contenidos 'true crime'.
