Sí y no. Y tras esa respuesta ambigua, comprendo que se me exija una explicación. Me convenció su autoridad. He ahí a una Teresa Ribera que no cede ante las presiones de los morados de su gobierno. He ahí una vicepresidenta que no cae en las estériles soluciones populistas como la intervención de los precios. He ahí una mujer que se enfrenta a las eléctricas, con lo cual de alguna forma las hace responsables. Y he ahí a una gobernante que conoce los límites de actuación de un gobierno condicionado por la legalidad europea. No tengo por qué negarle la confianza.
Pero no acabó de convencerme su conformismo de aceptar como inevitable, como un anuncio oficial, que el recibo de la luz tenga que subir un 25% este año, como si se tratase de una incontenible fuerza de la naturaleza. Tampoco me convenció que haya que crear en el Congreso una comisión para estudiar el tema, porque hace preguntar para qué está el ministerio de Transición Ecológica. Y la calma de Teresa Ribera, siempre elogiable, se hace discutible cuando la electricidad ya no es solo su precio: es su efecto en el coste de la vida.
El precio de la luz arrastra los demás precios. Si la subida hace que la inflación supere ya el 3% sin parecida subida de los salarios, somos un 3 por ciento más pobres. Si el asalariado pierde poder adquisitivo, sufre su bienestar. Y, si se deteriora el bienestar, se pone en riesgo la paz social. Demasiado peligro para tanta calma ministerial.
