A primera vista, y sobre último, no la habido. Ha repetido exactamente lo que dijo entonces, bien es verdad que sólo ha sido interrogada por su abogado y no iba él a señalar posibles discrepancias. De una procesada que responde a su abogado, y a la que la fiscalía no acusa, no se puede esperar nada distinto a lo de ayer: niega haber cometido delito alguno y atribuya las decisiones fiscales en la compañía de la que es copropietaria a los asesores de su marido ---incluido el de la Casa del Rey--- de los que ella e Iñaki se fiaban.
Ahora que por fin se ha escuchado, una horita corta, la voz de una infanta en el banquillo —esto que tantos enterados dijeron que jamás veríamos en España— no está de más recordar en qué consiste el juicio Noos para ella, de qué está acusada. Que no es de ser infanta desde la cuna, ni de estar casada con Urdangarin, ni de usar su condición para llevar una vida desahogada, ni hacerse la loca sobre los negocios del marido o enriquecerse a costa de nosotros.
De lo que está acusada es de delito fiscal. De falsear las cuentas de la empresa que montó con su marido, Aizoon, para pagar menos impuestos de lo que les hubiera correspondido. Aizoon no es otra cosa que el matrimonio Urdangarin bajo la fachada de una sociedad limitada. Los dos únicos accionistas son Iñaki y Cristina y por eso los responsables de cuanto haga la sociedad entiende la acusación popular que son ambos.
¿Qué actividad tenía la empresa? Sobre el papel, era una sociedad que prestaba servicios al instituto Noos y que tenía empleados para poder prestar esos servicios. En realidad, no existían ni los unos ni los otros. Para lo que servía Aizoon —esto lo admite la infanta— era para ingresar en una sociedad controlada por ellos dos el dinero que conseguía Iñaki en el instituto Noos. Este procedimiento no es ilegal, lo ilegal es usar el dinero de Aizoon para gastos familiares, particulares, y hacerlos pasar por gastos de la empresa con el fin de rebajar los beneficios de ésta y pagar menos impuestos. De esto se trata para la infanta: de que siendo ella copropietaria de Aizoon, habiendo firmado ella, con Iñaki, las actas correspondientes, habiendo pagado al servicio doméstico o las compras en las tiendas con la tarjeta de la empresa, es lógicamente sospechosa de haber actuado ella —se la juzga por sus actos, no los de otros— como defraudadora.
Las preguntas de su abogado estaban diseñadas (y ensayadas con la infanta) no para negar los hechos, sino para sostener esta tesis: ella confió en el asesor fiscal que contrató Iñaki y se limitó a firmar los papeles que le pasaban dando por hecho que todo era legal.
Ella no se interesó nunca por las cuestiones fiscales y no se preguntó si era legítimo cargar a la sociedad gastos familiares. ¿Pero no usaba usted en las tiendas la tarjeta de la empresa para comprar cosas que nada tenían que ver con la empresa? Éste era el momento más crítico. Y la respuesta fue “no”: la tarjeta sólo la usaba Iñaki.
¿Está culpando entonces al marido? Tampoco. Porque Iñaki se fiaba del asesor fiscal y tampoco se planteó nunca que pudiera estar incurriendo en fraude a Hacienda. Ella confía plenamente en la inocencia de su marido (no parece que esto pueda ser noticia, aunque los medios lo hayamos destacado como si lo fuera), y si algún error de juicio admite es haberse fiado del tal Tejeiro, a quien entonces incluía en el grupo de personas en las que confiaba.
He aquí una procesada que busca, lógicamente, ser exculpada. Iñaki, ella y sus abogados respectivos están de acuerdo en que la responsabilidad de todo lo que hizo Aizoon la asuma él. Ésta es la estrategia. Que el tribunal haga suya esta tesis ya es otra historia. No es de lo que contó, una hora corta, la infanta de lo que va a depender su sentencia.
El PSOE se resiste a dar por depuesto al candidato propuesto. A doce horas de que la investidura de Pedro Sánchez naufrague del todo, el argumentario socialista dice que mientras no haya otro candidato propuesto por el rey Felipe el suyo sigue siendo el que vale. Mañana sigue siendo el tiempo de Sánchez, dicen sus oficiales.
A pesar de la tronada de Pablo Iglesias en su papel, histriónico, de gran inquisidor, la dirección socialista tiene la mano a Podemos, o finge tenderla —porque voluntad real de acabar encamándose con el partido morado no parece que tenga—. En realidad hay constructores de puentes trabajando entre la Moncloa y Ferraz, por incompatibles que hoy resulten Rajoy y Sánchez. El PP intenta asumir un papel más activo, escarmentado del empecinamiento del presidente en no sentarse a negociar ni con Ciudadanos, y anuncia que levantará el teléfono para hablar con el secretario general socialista y con Albert Rivera. Otra vez el pacto a tres, y otra vez el obstáculo de siempre: quién preside ese gobierno y quién se la envaina más respecto de lo que hasta hoy viene diciendo.
Si el miércoles fue Pablo Iglesias quien se despachó contra Felipe González—esta vez no por las puertas giratorias sino por los Gal de hace treinta años— fue Felipe quien le dio respuesta.
El odio, la rabia, el rencor, dicen los socialistas. Que pese a todo siguen incluyendo al Partido Podemos en esta marca paraguas que es “las fuerzas del cambio”. No son los ataques a Felipe —-constantes en el discurso morado— lo que más molesta a Pedro Sánchez. Es la reiteración con que Iglesias le describe como un pelele en manos de la vieja guardia del PSOE, los barones territoriales, el IBEX, los mercados y Susana Díaz.
