Son las reglas del juego. El árbitro dice que no hubo penalti y, a todos los efectos, no hay penalti. Se puede criticar al árbitro, solo faltaba. Se puede cuestionar su neutralidad, tacharle de casero, de afín al poder, de haberse tapado los ojos para no ver una mano de libro, de forzar la interpretación del reglamento en favor de uno de los equipos, pero… su decisión va a misa.
Y eso vale para cuando falla lo que uno quiere y para cuando hace todo lo contrario. Es enternecedor escuchar ahora a significados líderes políticos predicar que el Tribunal Constitucional no puede ser cuestionado cuando esos mismos líderes, hace quince años, no es que lo cuestionaran, es que le negaron la legitimidad para corregir a la baja un Estatut y convocaron a los ciudadanos en la calle para que se manifestaran en repudio del Tribunal. Sin duda, habría hecho ahora lo mismo si el Constitucional hubiera tumbado la amnistía.
Por eso hay que agradecer a quienes discrepan de la sentencia que lo expresen abiertamente pero sin agitar la calle para negarle legitimidad al árbitro. Que por muy casero que sea y muy escorado que esté, por discutible que sea la forma en que se elige a sus magistrados, es el único que hay.
Hay que agradecer a quienes discrepan de la sentencia que lo expresen abiertamente pero sin agitar la calle
El Constitucional declaró apta la ley de amnistía. Fin del camino que empezó a recorrer Pedro Sánchez la noche electoral de 2023 cuando, recién conocido el escrutinio y habiendo no solo perdido las elecciones, sino habiéndose quedado tan corto de escaños que ni con sus socios de la legislatura anterior, entre ellos Esquerra, agraciado con los indultos, y Bildu, blanqueado al gusto de Otegi, sumaba diputados suficientes para seguir en el machito (perdón, en la Moncloa).
Refrescó Sánchez los números que ya tenía hechos y tomó la decisión que nos ha traído hasta aquí: abonarle a Puigdemont la amnistía que venía reclamando e incorporarle, en el mayor ejercicio de travestismo que conoció España, a la mayoría progresista que vela por el bienestar del país. Antes ya había empezado Sánchez a deshacer el trabajo del Tribunal Supremo -y a incumplir su palabra de hacer cumplir íntegramente su sentencia- usando los indultos.
Y después, todo lo que vino fue ingeniería legal, política y propagandística para justificar el cambio de postura del PSOE, eludir la consulta popular sobre una medida nunca antes vista -y nunca incluida en el programa electoral socialista- y meter a martillazos el olvido penal en el marco constitucional una amnistía que los socialistas siempre habían dictaminado inconstitucional y contraproducente.
Los seis magistrados que han sacado adelante esta sentencia -seis a cuatro- residen desde hace años en España, no han nacido ayer, leen por la mañana los periódicos, escuchan la radio, y están al cabo de la calle de cuál es la historia de esta amnistía y de esta legislatura. Es decir, de todo esto que acabamos de recordar.
Los magistrados son tan conocedores como usted, como yo y como Sánchez de que la amnistía tiene esta causa última y este origen. Por eso no lo niegan en su sentencia. Lo que hacen es eludirlo. Exponen que lo que ellos han de examinar es si el legislador ha justificado el porqué de la medida extraordinaria, no si la justificación que da es la auténtica.
Se entiende que el Gobierno -perdón, el grupo socialista- dedicara tanto tiempo y tantos párrafos elevados a envolver en concordia y reencuentro lo que no pasaba de ser una transacción -impunidad por investidura- porque esos son los párrafos que permiten ahora a los magistrados decir que arbitraria no es. Y prohibida expresamente por la Constitución, tampoco.
Así que adelante, por la mínima, 6 a 4, y con la misma falta de consenso que nació el proyecto, con el Senado en contra, con los Parlamentos de varias comunidades autónomas en contra, con la mayoría de los ciudadanos encuestados en contra, la amnistía permanecerá. Enhorabuena a los agraciados, los promotores de la embestida de 2017 contra los derechos políticos del resto de los ciudadanos y contra la Constitución, los coautores de la ley de amnistía de la que son, a la vez, artífices y beneficiarios.
Nadie, ni siquiera el 6-4 del Constitucional, podrá negar que la ley se fue redactando, y parcheando, a cuatro manos entre el Gobierno y el abogado de Carles Puigdemont, es decir, Sánchez a un lado del teclado y Puigdemont al otro. Beneficiado el primero con una investidura y beneficiario el segundo de la amnistía que él mismo redacta.
la ley se fue redactando, y parcheando, a cuatro manos entre el Gobierno y el abogado de Carles Puigdemont
Esto también lo saben los seis magistrados de la mayoría -cómo no lo habrían de saber-, aunque se ciñan a quiénes son los diputados que votan para aducir que ninguno de ellos queda amnistiado con esta ley -no hay auto amnistía- porque ninguno había sido procesado o condenado. Ellos no, pero sus jefes políticos sí. Y los diputados apoyan la ley -tampoco es un secreto para el Alto Tribunal- porque sus jefes políticos, Junqueras y Puigdemont, les dan la instrucción de que lo hagan. Y ellos sí son los amnistiados.
Ya se ve que ni Sánchez, ni Feijóo, ni nadie, en realidad, ha modificado la opinión que tenía sobre la amnistía por el hecho de que el 6-4 la haya declarado apta. La sentencia, meses antes de producirse, ya estaba políticamente amortizada.
La sentencia, meses antes de producirse, ya estaba políticamente amortizada.
La indignación de Felipe González
Tampoco cambia de opinión Felipe González, ayer, en este programa. La amnistía, como corrupción. Anunció Felipe ayer que no votará al PSOE mientras sigan al frente del partido quienes han gestado la amnistía. ¿Qué debería hacer Sánchez? Estas dos cosas, en opinión del expresidente. Elecciones cuanto antes y sin Sánchez como candidato.
