Con Bárcenas ya cabe imaginarse cualquier cosa, pero si esta suma que están haciendo los medios esta tarde, una vez que Suiza ha informado de la otra cuenta que tenía el tesorero en otro banco (y que llegó a acumular 25 millones de euros), la cuenta que sale de sumar los 22 del primer banco con los 25 de este segundo, es decir, 47 millones, es correcta, lo que hay que empezar a preguntarse es de quién era realmente ese dinero. De quién o de quiénes, aparte del propio Bárcenas. No hay corrupción que te genere ocho mil millones de pesetas en diez años. Bárcenas, evasor, traficante de influencias y comisionista (presuntamente) debía de ser, además de todo eso, gestor del dinero de otros; gestor para ocultar y para evadir, se entiende. El jefe de un chiringo que te sacaba el dinero de España y te evitaba pagar impuestos. El juez Ruz sigue tirando de un hilo que vamos a ver en dónde acaba. Todo el dinero que movieron Correa y el Bigotes, al lado del dinero que movió Bárcenas, es calderilla.
En España dices “tesorero” y todo el mundo piensa “Bárcenas” (a pulso se lo ha ganado), pero hubo otros tesoreros en otros partidos. Carles Torrent fue tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña durante años y años y años. Cuando falleció de un infarto en marzo de 2005 los periódicos apenas le dedicaron una línea, pero en la Barcelona de la gente vip (los que están en la pomada de la política y los negocios de altos vuelos) su muerte sí fue muy comentada. Torrent era el hombre que estaba al tanto de todo, aquel al que había que acudir para hablar de intercambio de favores entre el poder político y la empresa, el tesorero capaz de calcular en medio segundo el 3 por ciento (o el 4 en realidad) de cualquier cantidad, mayormente obras públicas.
El día que falleció el tesorero de Convergencia, Félix Millet Tusell, prohombre de la cultura musical en Cataluña distinguido con la Cruz de Sant Jordi, ya llevaba quince años al frente del Palau de la Música. La súbita desaparición de Torrent debió de dolerle sinceramente porque, al cabo de tantos años viéndose y haciendo tratos con frecuencia, el vínculo personal era innegable. El tesorero era visitante asiduo del Palau. Iba mucho aunque se quedaba poco. Sus reuniones con Millet -por entonces aún figura respetada de la sociedad catalana porque nadie sospechaba la jeta que tenía- no duraban más de quince minutos. Tiempo suficiente para repasar los números y ver cuánto le correspondía a cada uno. Para el Palau, o sea, Millet, un tercio de la comisión. Para Torrent, o sea, para Convergencia Democrática, los dos tercios restantes. Ejemplo práctico: si Ferrovial había pagado nueve millones de comisión por hacerse con la Ciudad de la Justicia y la línea nueve del metro, tres millones para el Palau, seis millones para el partido de Pujol y Artur Mas.
La constructora, gran amante de la música y la cultura -quién lo duda- pactaba con el responsable del Palau un patrocinio goloso que, en teoría, era un admirable mecenazgo destinado a sostener la obra impagable que ésta realizaba; en realidad no era patrocinio sino comisión, camuflada como donación cultural y destinaba, en su mayor parte, a financiar clandestinamente a Convergencia. Esto de “clandestinamente” cabe ponerlo entre comillas porque al final todo el mundo, en Cataluña, sabía que para conseguir buenos contratos de la administración autonómica había que pasar por caja. La caja que controlaba Torrent y que tenía en el Palau un surtidor interminable de dinero negro.
Con el tiempo lo que se supo es que al frente de la institución estaba un pirata. En el año 2009 estalló el caso Palau y empezó a investigarse el desfalco. Al principio todo parecía reducirse a un caso de mangoneo de libro: el jefe del Palau y su colega Montull llevaban la Fundación como si fuera su cortijo. El dinero lo manejaban ellos y se lo quedaban ellos. Cuando Millet, que lo lleva todo apuntado en su ordenador personal (para felicidad de los investigadores policiales, que nunca le agradecerán lo bastante esa labor de registro ordenado de sus mangancias), confesó que se había pagado las reformas de sus casas y sus viajes a las Maldivas con dinero del Palau, el juez instructor estimó que podíamos estar hablando de tres millones de apropiación indebida (léase robo). Pero a poco que avanzó la investigación hubo que revisar las estimaciones porque, más que tres millones, debían de ser unos veinticuatro.
Millet y Montull admitieron su condición de saqueadores y un dia de estos serán juzgados (sólo han pasado cuatro años desde que empezó a saberse todo, coincide en fechas con la Gurtel). Pero a partir de sus ordenadores, del dietario que llevaba la secretaria de Millet, del de la secretaria de Montull, ¡del que llevaba la hija de Montull, empleada también allí como directora financiera!, ha ido reconstruyendo la fiscalía anticorrupcion y el juez Pijuan la historia oculta del Palau como caja negra de la corrupción política. El pasado abril ya anunció el magistrado que los indicios de financiación irregular de Convergencia con dinero del Palau eran muy sólidos.
Mencionaba dos procedimientos habituales empleados por este partido: uno, las visitas del tesorero Torrent a Félix Millet, donde sospecha que el segundo le entregaba al primero sobres con billetes de quinientos euros, de aquellos que se guardaban en la caja de seguridad del Palau y cuya existencia confirmó la secretaria de Millet, porque los había visto. Dos, el truco más viejo de la política española: las facturas falsas. El Palau pagaba a dos empresas que supuestamente habían realizado algún trabajo para la institución pero que, en realidad, no habían hecho nada. Sólo emitían una factura para justificar el abono y le pasaban el dinero a Convergencia. Como los actores de esta operación camuflaje se debían de creer por encima del bien y del mal, hicieron un trabajo chapucero y fácilmente detectable: en las facturas ni siquiera ponían qué servicio concreto había sido prestado. Qué más da, debían de pensar, si nadie va a entrar en el Palau a revisar las cuentas, mucho en menos en Convergencia.
Expresamente mencionaba el juez Pijuán en este auto de hace dos meses que Ferrovial pagó comisiones al partido, a través del Palau, para que le fueran adjudicadas obras públicas, o como dice la fiscalía en su escrito de conclusiones, presentado hoy, “un flujo constante de contratación favorable a la empresa”, es decir, y traducido, que Ferrovial compró su condición de socio preferente: yo te suelto una pasta y tú me adjudicas los negocios más gordos. El caso enfila ya el final de la investigación y la apertura de juicio. La fiscalía, en sus conclusiones finales, cree probado que hubo financiación ilegal del partido de Artur Mas, aunque no llega a señalar qué altos cargos de ese partido estaban al tanto de la operación Palau y quiénes se ocuparon de amañar las adjudicaciones para cumplir con el acuerdo delictivo alcanzado con Ferrovial. El fiscal sólo procede contra Daniel Osácar (el tesorero que sucedió a Torrent) y Jaume Camps, ex diputado convergente que fue abogado de Millet y de Ferrovial, o sea, el puente entre la constructora, el Palau y el partido. Da por hecho que tuvo que estar metida más gente, pero no cree posible señalarlos: “Altos responsables del partido que no han podido ser adecuadamente identificados”, es la expresión que utiliza y que habrá hecho respirar hondo a todos aquellos que tienen, o tuvieron, altas responsabilidades en Convergencia.
Empezando por este veterano que anteayer dijo: “Lo que hagan mis hijos es cosa de ellos. Yo respondo por mí”. Jordi Pujol. El hombre que lo fue todo en Cataluña. El hombre que, gracias a este caso, se estará enterando ahora, ¿verdad?, de cómo de financiaba su partido.
