La historia de hoy podría titularse ‘Déficit de crediblidad’. O cómo un gobierno puede estar cargado de razones para hacer y decir lo que hace pero su pasado reciente, su ejecutoria, debilita grandemente esas razones y pone en cuestión su sinceridad.
El gobierno corrigió ayer el tiro, comunicativo, tras la jornada del lunes en que ministros y dirigentes socialistas echaron el día diciendo una cosa y su contraria sobre los guasaps que Ábalos guardaba por si algún día escribía sus memorias y una pequeña selección de los cuales han llegado a las páginas de El Mundo estos últimos días. Si el lunes decían es muy grave, es delito pero no lo vamos a denunciar, es muy grave, es delito, pero el grupo de mis primos es más interesante —aportación imborrable de la portavoz jocosa del PSOE, señora Peña— ayer ya era otra cosa.
Si el lunes decían es muy grave, es delito pero no lo vamos a denunciar, es muy grave, es delito, pero el grupo de mis primos es más interesante —aportación imborrable de la portavoz jocosa del PSOE, señora Peña— ayer ya era otra cosa
Pues perfecto. Si el gobierno da por hecho que se ha cometido un delito, qué menos que denunciarlo. Si acaso, quien debería denunciar es quien se ve perjudicado en su privacidad, que no es el Consejo de Ministros sino una persona singular llamada Pedro Sánchez. La privacidad vulnerada no es la del gobierno, sino la de Sánchez. Bueno, y la de Ábalos, que también llama la atención que en ninguna declaración oficial se haya dolido nadie por la privacidad violada del ministro que se ocupaba de todos los encargos de Sánchez mientras Koldo se ocupaba de los suyos.
También llama la atención que en ninguna declaración oficial se haya dolido nadie por la privacidad violada del ministro que se ocupaba de todos los encargos de Sánchez mientras Koldo se ocupaba de los suyos
Cuando reclama una investigación judicial de oficio está alimentando el gobierno la idea de que estos guasaps proceden del material que custodia la UCO, pero es una pura presunción. Si fuera Ábalos, o fuera Koldo siguiendo instrucciones de Ábalos, quien lo estuviera filtrando poca investigación le correspondería al juez Puente porque estos mensajes no guardan relación con la investigación por corrupción a quien fue capataz, consejero, confidente y amigo del presidente del gobierno —mientras, supuestamente, se corrompía—.
Cuando reclama una investigación judicial de oficio está alimentando el gobierno la idea de que estos guasaps proceden del material que custodia la UCO, pero es una pura presunción
‘Nuestro tronco’, como le describía María Jesús Montero sin segundas intenciones. El gobierno, en realidad, en esto tiene poco papel, pero ya quedó claro hace un año, cuando la espantada fake, que ministros y dirigentes del PSOE son conscientes de que el híperlíder está pendiente de quién se implica hasta las orejas en cerrar filas y quién se queda a medio gas. Ya prefieren todos pecar por exceso que por defecto, no vaya a pasarles factura política la prudencia.
Ya prefieren todos pecar por exceso que por defecto, no vaya a pasarles factura política la prudencia
Naturalmente, resultaría más creíble la indignación de los ministros y asimilados por la vulneración de la privacidad guasapera si pudieran exhibir galones. Es decir, si ante filtraciones de otros tiempos que afectaban al PP hubieran reaccionado con idéntico escándalo, y no parece. González Amador debe de sentirse conmovido por este celo ministerial por el secreto de las comunicaciones. Se ha mencionado estos días el ‘Luis, sé fuerte’ de Rajoy a Bárcenas, cuyo interés informativo estaba fuera de duda porque revelaba el doble juego de quien en público exaltaba la independencia de la fiscalía y en privado le decía al tesorero ‘hacemos lo que podemos’.
Naturalmente, resultaría más creíble la indignación de los ministros y asimilados por la vulneración de la privacidad guasapera si pudieran exhibir galones
Claro que las circunstancias nada tenían que ver y que lo de Rajoy era asunto grave, pero esto de ahora revela también ese doble juego de quien en público ensalza el debate y la pluralidad del partido y en privado ordena marcar a los discrepantes.
Se ha mencionado menos que en febrero de 2023 el PSOE se lo pasó en grande con la publicación de guasaps de dirigentes del PP que le hacían la pelota a Casado por su enfrentamiento con Ayuso justo antes de que Casado se autodestruyera (aquello se parecía más a esto de ahora). O que en septiembre de 2020, la Moncloa filtró a El País el contenido del guasap que Casado le había enviado a Sánchez aceptando renovar el Consejo del Poder Judicial como prueba de que se había echado atrás. Filtración que le permitió a Sánchez confirmar después que el pacto estaba casi cerrado y que el PP lo había roto. Tampoco entonces parece que ningún ministro se escandalizara por la ruptura de la privacidad. Cosas que pasan.
En febrero de 2023 el PSOE se lo pasó en grande con la publicación de guasaps de dirigentes del PP que le hacían la pelota a Casado por su enfrentamiento con Ayuso justo antes de que Casado se autodestruyera
Si el gobierno cree que hay que denunciar, denuncie. De momento, el anuncio permite que medios que apenas han informado de los guasaps y las reacciones de los aludidos abran ahora sus ediciones con la respuesta gubernativa.
Nuevas reformas
Déficit de credibilidad, les decía. El ministro de Justicia hizo ayer una exposición muy razonable de por qué sería bueno que el fiscal general del Estado tuviera su independencia y su autonomía garantizadas. El discurso oficial dice que siempre fue así, independiente cien por cien, pero la exposición del ministro revela que lo del cien por cien siempre fue relativo.
El discurso oficial dice que siempre fue así, independiente cien por cien, pero la exposición del ministro revela que lo del cien por cien siempre fue relativo
El objetivo del gobierno, ya lo contamos ayer, es que sean los fiscales quienes dirijan las investigaciones que ahora llevan los jueces. Como siempre que aborda una reforma que afecta a la Justicia o al Código Penal, el gobierno saca el comodín europeo para explicarnos que somos una anomalía (para unas cosas presumimos de ser únicos, para otras es una avería, ya se sabe). ¿Qué problema se le ha encontrado siempre a esta vieja idea? Que los jueces tienen instancias superiores que pueden reconvenirles pero no jefes; mientras que los fiscales son jerárquicos, disciplinados y con unidad de criterio, o sea, que como admitió aquí García Ortiz en una entrevista, el fiscal general tiene un poder enorme.
Mientras que los fiscales son jerárquicos, disciplinados y con unidad de criterio, o sea, que como admitió aquí García Ortiz en una entrevista, el fiscal general tiene un poder enorme
Razón de más para recelar de que ese poder pueda ejercerlo para decidir qué se investiga y qué no con la misma soltura con que Tezanos decide sobre qué pregunta a los españoles y sobre qué no.
La solución, dice el gobierno, es garantizar que el fiscal general actúe siempre con criterios técnicos y sin que el gobierno pueda darle instrucciones. Alabado sea. Que su mandato no se corresponda con la duración de la legislatura y que no cese cuando cambia el gobierno, sino a los cinco años de nombrado. Alabado sea de nuevo. Quién mejor que el gobierno para saber hasta qué punto el fiscal general de ahora es susceptible de ser inducido o animado desde el gobierno para actuar en uno u otro sentido. Para dejar tranquilo al fiscal general y que actúe como le parezca oportuno tampoco hace falta cambiar la norma, basta con que el gobierno renuncie a tratarle como si fuera un ministro.
Para dejar tranquilo al fiscal general y que actúe como le parezca oportuno tampoco hace falta cambiar la norma, basta con que el gobierno renuncie a tratarle como si fuera un ministro
Y éste es el problema de crédito al que se enfrenta el gobierno y su reforma. El recelo al contemplar cómo hace un canto a la independencia del fiscal general el mismo gobierno que primero se creyó con derecho a afirmar su dependencia —Sánchez estaba seguro de que estaba a sus órdenes, de quién depende, hubo que aclararle las ideas—; el mismo gobierno que anunció como nueva fiscal general a Dolores Delgado cuando aún ejercía de ministra de Justicia; el mismo gobierno que se apropia del fiscal general en sus declaraciones públicas y el mismo que justifica que García Ortiz no dimita, pese a estar investigado en el Supremo, con el argumento alucinógeno de que cuenta con el apoyo del gobierno. Como si contar con el apoyo del gobierno fuera la clave para dimitir o no dimitir. Es decir, como si fuera suyo, el ministro número 23. Bueno, 24, porque la 23 es Beatriz Corredor, de Red Eléctrica Española.
Como si contar con el apoyo del gobierno fuera la clave para dimitir o no dimitir. Es decir, como si fuera suyo, el ministro número 23. Bueno, 24, porque la 23 es Beatriz Corredor, de Red Eléctrica Española
Si el gobierno se cree de verdad su reforma para blindar de injerencias gubernativas al fiscal general del Estado, ya puede, sin esperar a que las Cortes aprueben nada, predicar humildemente con el ejemplo.
