Con amigos como el gobierno que lo nombró, no necesita enemigos el fiscal general del Estado. Ya lo tenía difícil Álvaro García Ortiz, heredero de Dolores Delgado, para ser visto como autónomo e independiente después de haber sido invocado por el presidente y sus ministros, en los tiempos del sólo sí es sí, como el jurista clarividente que fijaría el criterio adecuado sobre la aplicación de aquella ley, en discrepancia con los torcidos jueces machistas y en sintonía con Irene Montero.
Ya lo tenía difícil cuando, a pesar de haber sido censurado por el Tribunal Supremo por desviación de poder, el gobierno volvió a nombrarle fiscal general del Estado. Ya lo tenía difícil, en fin, cuando declinó la petición del Senado -mayoría absoluta del PP- para que elaborara un informe sobre la ley de amnistía.
El gobierno ha terminado de torpedear el empeño del fiscal en ser visto como alguien independiente y ajeno a las estrategias gubernativas
Desde ayer, más que difícil lo tiene imposible. El gobierno ha terminado de torpedear el empeño del fiscal en ser visto como alguien independiente y ajeno a las estrategias gubernativas.
"Ocúpate, Álvaro, que esta gente se nos ha sublevado"
Un minuto después de que los fiscales del Tribunal Supremo, por once a cuatro, se pronuncien a favor de imputar a Puigdemont en la causa del tsunami por posible terrorismo, se hicieron oír las famosas fuentes del gobierno en la Moncloa para decir que a ver, que los fiscales podrán decir lo que quieran pero aquí la última palabra le corresponde al fiscal general del Estado porque para algo es el jefe de una institución jerarquizada.
O traducido: los fiscales del Supremo me han desbaratado el relato oficial, oficialista, sobre lo solo que está García Castellón en su obsesión por meter a Puigdemont en el tsunami a martillazos pero yo, gobierno, señalo al fiscal general para que refute su criterio y establezca el que a mí me parece bueno. ‘Ocúpate, Álvaro, que esta gente se nos ha sublevado’. Y luego dile a la gente que no tienes nada que ver con nosotros.
El gobierno no debería plantear todo como una competición en la que siempre juega
Si el fiscal general hubiera querido, habría podido ser él quien le dijera a los jueces del Supremo si veía fundado imputar o no a Puigdemont. Pero eligió dejar en manos de los quince fiscales el debate y la postura definitiva. Ah, pero como han tomado la postura contraria a la que deseaba el gobierno pretende ahora que los desautorice, los ningunee y pase olímpicamente del debate jurídico que ayer mantuvieron.
Como los fiscales han tomado la postura contraria a la que deseaba el gobierno pretende ahora que los desautorice
Unas veces se gana y otras se pierde. Y el gobierno debería estar escarmentado ya de plantear todos los asuntos, causas judiciales incluidas, como una competición en la que el gobierno siempre juega. Porque si, al final, el Supremo imputa a Puigdemont por posible delito de terrorismo será inevitable que aparezca como derrotado. Él se lo ha buscado.
García Castellón no estaba solo en imputar a Puigdemont
Al gobierno le pierde el fervor por amnistiar como sea a todos. Si hubiera sido más prudente cada vez que un juez ha dictado una resolución que no le gusta, si hubiera evitado atribuirse a sí mismo un papel que no le compete -intérprete de la ley-, si se hubiera abstenido de celebrar al fiscal que descartaba terrorismo y de repudiar al juez que sí veía indicios, si el gobierno se hubiera tapado un poco (y ahí la excepción es Bolaños, que aún mide lo que dice) no aparecería hoy ante la opinión pública como como empitonado, contrariado y enfurruñado, por el descosido que le han hecho los fiscales del Tribunal Supremo.
Si el gobierno se hubiera abstenido de celebrar al fiscal que descartaba terrorismo y de repudiar al juez que sí veía indicios, no aparecería ante la opinión pública como enfurruñado
Resulta que García Castellón no estaba solo. Haber puesto el foco en el juez, como obsesivamente ha hecho el gobierno y sus afines -vicepresidenta tres incluida- por partidista, por conservador, por maniobrero sirve mientras sólo sea Castellón quien defienda imputar a Puigdemont, pero deja de servir (y te deja sin discurso) cuando son once fiscales de quince, los más experimentados de la carrera, quienes comparten su criterio.
Al cabo de una semana ensalzando la profesionalidad de los fiscales en oposición a dos jueces molestos, dando máxima relevancia al fiscal Carballo -Audiencia Nacional- por negar terrorismo, dando aire al fiscal Redondo -Tribunal Supremo- por negarlo también, ahora ya no le gustan tanto al gobierno los fiscales. Ahora ya sólo le gusta uno, el fiscal general. Ocúpate, Álvaro, que esta gente se nos ha sublevado.
La mayoría de jueces, en pie de guerra contra la actuación del gobierno con las causas judiciales
No es un secreto que el gobierno tiene a la mayoría de los jueces del Supremo (y a la mayoría de los fiscales) en pie de guerra por la forma en que viene actuando respecto de las causas judiciales. Tenemos a un presidente emitiendo sentencias por su cuenta y ninguneando el criterio de jueces y fiscales. Ya no es que comparta o no sus argumentos, es que no le importan.
Tenemos a un presidente emitiendo sentencias por su cuenta y ninguneando el criterio de jueces y fiscales. Ya no es que comparta o no sus argumentos, es que no le importan
Un presidente que proclama que ningún independentista ha podido cometer nunca un delito de terrorismo -debe de haberse estudiado el sumario de los CDR tan a fondo, al menos, como el fiscal Carballo, que sostiene lo contrario-. Ministros que predican, como si el debate fuera ése, que todos los españoles saben qué es terrorismo y qué no es. Imagine que estos mismos ministros, cuando estábamos en el debate del sólo sí es sí hubieran despachado el asunto diciendo ‘todo el mundo sabe qué es una violación y qué no lo es’. ¿Y entonces el Código Penal, y la gradación de las penas, para qué existe?
No hace falta ser jurista para saber lo que es terrorismo o no
El ejemplo más notable es el juez ministro (o más bien, al revés, el ministro juez) Grande-Marlaska. En otros tiempos si un periodista le hubiera preguntado sobre las resoluciones de un juez o de un fiscal habría respondido únicamente esto que dijo anteayer.
Pero en estos tiempos de argumentario, consiga y salmo diario, empezó por decir el ministro-juez esto otro.
Si no hace falta ser jurista, ¿en lugar de vista oral qué hacemos, una encuesta?
Acabáramos. No hace falta ser jurista. ¿En serio? Si no hace falta ser jurista, ¿qué hacían ayer quince fiscales debatiendo criterios jurídicos? ¿No hace ser jurista para saber si lo que hicieron doce personas integradas en los CDR que acumularon fertilizantes para fabricar explosivos y usarlos en acciones violentas es o no es delito de terrorismo? ¿Y entonces para qué se los juzga? Si no hace falta ser jurista, ¿en lugar de vista oral qué hacemos, una encuesta?
Amnistiar a todos. Incluidos estos
El gobierno está tan obcecado en defender a Puigdemont, y a los otros políticos, pendientes de juicio por el procés que pasa por encima de estos otros procesados para los que la fiscalía pide entre ocho y veintisiete años de cárcel. Y a los que Sánchez ha prometido amnistiar. Se lo ha prometido a Junts. Amnistiar a todos. Incluidos estos.
En el lío de cómo amnistiar todos los posibles delitos que cualquier pueda imputar a cualquier independentista se ha metido él solo. Arrastrado por Junts, es verdad, pero sabiendo lo que hacía. No puede pretender que ahora le saque del atolladero el fiscal general del Estado. Ocúpate, Álvaro.
